La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles destinar 15.000 millones de euros adicionales al desarrollo rural entre 2021 y 2027, para ayudar a los productores a afrontar los retos de la transición hacia una política alimentaria más ecológica.
Con respecto a los fondos para desarrollo rural (el pilar II), la propuesta recoge una dotación de 90.013 millones de euros, lo que supone un recorte del 6,7% con respecto al presupuesto comunitario de los últimos años (96.712 millones).
La situación de excepcionalidad que vivimos puede ser calificada de “fuerza mayor”, según la DG AGRI. Si los promotores rurales se enfrentan a problemas en la ejecución de sus inversiones, imputables a la crisis actual, deben señalarlos a la Autoridad de Gestión de inmediato y que no esperen a que se acabe el proyecto, pues será demasiado tarde.
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El Parlamento Europeo (PE) dio el pasado viernes luz verde a negociar con el Consejo un reglamento que servirá de transición hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agrícola Común (PAC), unas normas que asegurarán el apoyo necesario a los productores y agricultores en un periodo de hasta dos años para dar al sector estabilidad, continuidad financiera, estabilidad y continuidad financiera y “un horizonte más claro para los próximos dos años”.
En el encuentro por videoconferencia que los ministros de Agricultura de la UE celebraron el 13 de mayo, el comisario Janusz Wojciechowski hizo un llamamiento a trabajar todos juntos para lograr un presupuesto fuerte en 2021 para el sector agrario. Dijo que es clave contar con una partida de fondos suficiente para la PAC en ese primer año del nuevo marco financiero plurianual para afrontar gastos derivados de la crisis del coronavirus que probablemente pasarán al próximo ejercicio.
En su discurso ante los ministros, el comisario europeo de Agricultura repasó las medidas que se han adoptado hasta el momento para apoyar a los sectores en crisis y para evitar problemas en el abastecimiento de productos agrarios y alimentarios en la UE. Sin embargo, no avanzó nuevas actuaciones, a pesar de las peticiones que le siguen llegando desde los Estados miembros y desde el sector agrario.
Reiteró que hay que aprovechar al máximo las medidas puestas en marcha y los fondos disponibles, entre ellos los que todavía no se han utilizado de los programas de desarrollo rural.
Recordó que hay quienes piden que se utilice la reserva de crisis (dotada con 478 millones de euros) en el contexto actual. Sin embargo, insistió en que ello supondría financiar las medidas con dinero de los propios agricultores y que eso supondría no reembolsarles las cantidades que se les dedujeron de las ayudas directas en su momento para alimentar esa reserva.
Apunto que si parte de los gastos derivados del almacenamiento privado recaen en el presupuesto de 2021, el dinero que deberá deducirse a los agricultores en concepto de disciplina financiera (para la reserva de crisis) ese año será aún mayor. Por ello, insistió, es necesario contar con un presupuesto fuerte para el próximo año. “Cuanto antes tengamos claridad sobre un paquete de crisis fuerte en el marco financiero plurianual, antes podremos empezar a trabajar juntos en las medidas necesarias para afrontar la crisis”.
Por otro lado, el comisario subrayó la importante de mantener el buen funcionamiento del mercado único para garantizar la seguridad alimentaria de todos, advirtiendo contra los llamamientos al consumo de productos locales.
En la videoconferencia, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó que las medidas adoptadas por la CE no son suficientes para hacer frente a esta crisis, particularmente las medidas de regulación de mercados. Por ello, reclamó que se otorgue una especial atención al sector ovino y caprino, ya que la medida de almacenamiento no ha sido todo lo eficaz que se podía esperar.
Por otro lado, Planas recordó que España está trabajando para poder utilizar el programa de apoyo al sector del vino para poner en marcha ayudas a la destilación de crisis, al almacenamiento privado y la cosecha en verde. Sin embargo, considera que la Comisión debe aportar financiación adicional
para que estas iniciativas no vayan en detrimento de las medidas del programa.
En cuanto a la situación del mercado de aceite de oliva, considera fundamental que la Comisión Europea adopte medidas a corto plazo que permitan abordar el desequilibrio actual entre oferta y demanda, como la aplicación de un programa específico de apoyo para que el sector pueda regular la producción de manera integral, junto con campañas de promoción en los mercados exteriores.
Asimismo, propuso una mayor flexibilidad en los programas sectoriales, como en el caso del sector de frutas y hortalizas, para que sean más eficaces frente a la crisis actual, y se puedan tener en cuenta los costes derivados de la aplicación de medidas de prevención contra la COVID-19.
Sobre las ayudas de la PAC, Planas ha recordado que España ha solicitado que no haya penalizaciones o pérdidas de fondos por los pagos realizados después del 15 de octubre, por retrasos motivados por la COVID-19.
Finalmente, respecto al empleo de fondos de desarrollo rural para hacer frente a la pandemia, ha planteado que el porcentaje del 1% de la contribución del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) es insuficiente y debe incrementarse, de la misma forma que los importes de ayuda a tanto alzado que se pueden conceder a productores y PYMES.
Fuente: Agropopular
Como las medidas excepcionales tomadas por la Comisión Europea no se han considerado adecuadas para aliviar los angustiados mercados agroalimentarios, la idea de desplegar el fondo de crisis no utilizado hasta ahora, establecido en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2013, está llegando a la actualidad, aunque por el momento provoca más rechazo que aplausos en el sector, que ve cómo daría lugar a los recortes correspondientes en los pagos directos.
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de 16 de abril de 2020 que establece excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o 180/2014, (UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la política agrícola común. La principal novedad es que se reducen las muestras para el control sobre el terreno al 3% y se contempla la utilización de nuevas tecnologías y afines para sustituir controles sobre el terreno.
Dicho reglamento se ha dictado debido a la actual pandemia de COVID-19 y a las amplias restricciones de movimiento impuestas en los Estados miembros, todos ellos han encontrado dificultades administrativas excepcionales para planificar y ejecutar a tiempo el número requerido de controles sobre el terreno. Estas dificultades pueden retrasar la realización de los controles y el consiguiente pago de la ayuda. Al mismo tiempo, los agricultores son vulnerables a las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia y afrontan dificultades financieras y problemas de liquidez. Habida cuenta de estas circunstancias sin precedentes, resulta necesario paliar estas dificultades estableciendo excepciones a los diferentes reglamentos de ejecución aplicables en el ámbito de la política agrícola común en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno.
Europa ha aprobado un mandato de negociación parcial para discutir con los eurodiputados el período de transición de la PAC que permitirá que fluyan los subsidios agrícolas de la UE incluso sin un acuerdo sobre la reforma posterior a 2020 de la Política Agrícola Común, pero el acuerdo debe cerrarse oficialmente antes del 30 de agosto. Asimismo, se debe negociar cuánto debe durar este periodo de transición de la PAC.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado las nuevas medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea para ayudar al sector agrícola y ganadero a hacer frente a la crisis sin precedentes originada por el COVID-19 y que forman parte de las medidas que Planas planteó en el Consejo de ministros extraordinario de la Unión Europea (UE) celebrado el 25 de marzo.
