Blanco destacó este dato en una comparecencia para debatir con los grupos sobre las medidas de la Junta destinadas a la mejora de las condiciones de vida y empleo de las mujeres en núcleos rurales.

Muchas de esas medidas se vienen aplicando desde hace años por los gobiernos anteriores, como recordó la diputada socialista María Márquez. Si bien, la mayoría de intervinientes coincidieron en las dificultades que aún impera en el mundo rural para que la mujer pueda progresar y trabajar en lo que quiera o que se le reconozca su trabajo. La titularidad compartida de las explotaciones agrarias sigue siendo una asignatura pendiente. A los obstáculos comunes en áreas urbanas, se añaden problemas específicos como el envejecimiento, la masculinización y el éxodo rural, recordó Blanco. La consejera, no obstante, valora los ejemplos de mujeres «que se lanzan a nuevas actividades innovadoras, que son agentes esenciales en el turismo rural, que crean pymes o que ponen en valor productos agroalimentarios o artesanos que impulsan el desarrollo y el empleo».

Aún así, Blanco reconoce que la tasa de desempleo de la mujer en el agro andaluz está «ligeramente» por encima de la mujer en las grandes ciudades, y está más presente también en profesiones en las que se registra segregación de sexos o en las que la presencia de la mujer está más concentrada.

En su exposición sobre la repercusión de los programas de empleabilidad con medidas de discriminación positiva, la consejera citó el de los itinerarios personalizados de inserción con cargo a los programas de desarrollo rural en colaboración con los municipios. Un 62% de los participantes en estas áreas rurales son mujeres, hasta la cifra citada de 66.000 beneficiarias. También destacó las 634 participantes en el programa de acompañamiento a la inserción, o las 3.091 beneficiarias de acciones experimentales (un 67% del total por sexos).

Otros datos reflejan la repercusión de los planes de empleo en cooperación con los ayuntamientos, programa en el que han sido 9.292 mujeres del ámbito rural las beneficiarias de contratos en proyectos desarrollados por los consistorios (un 51,6% del total); mientras que otras 640 se han beneficiado de incentivos a la contratación o a la ampliación de jornada.

En cuanto a los programas de ayudas al autoempleo, Blanco anunció que se está elaborando un estudio desde la fundación Andalucía Emprende con un mapa de barreras y oportunidades para contrarrestarlas con medidas que les permitan desarrollar sus intereses y una mayor visibilidad en la vida económica de estos territorios.

Cuota a la Seguridad Social

Entre las medidas ya en marcha, Rocío Blanco citó las bonificaciones para la cuota súper reducida de 30 euros a la Seguridad Social, la llamada tarifa plana, para autónomas de municipios con menos de 5.000 habitantes y jóvenes de menos de 30 años. Esta medida se puso en marcha en julio con la entrada en vigor del Presupuesto de 2019. Desde entonces y hasta el pasado 30 de octubre, ya se han recibido 6.664 solicitudes, según una nota ayer de la Consejería de Empleo, aunque de ellas solo 374 son mujeres trabajadoras por cuenta propia del ámbito rural.

Blanco, que en su comparecencia tuvo luego un debate a fondo sobre el papel de la fundación Andalucía Emprende, subrayó la «intensa» labor de esta en asesoramiento a las mujeres rurales. Durante los primeros cinco meses de este año, la fundación (con 1.069 empleados y 42,4 millones de euros de presupuesto) ha asesorado a 284 empresas gestionadas por mujeres en zonas rurales; han celebrado 135 talleres formativos en los que han participado 200 emprendedoras de estos territorios, o se han tramitado 359 solicitudes de financiación para sus proyectos evitándoles desplazamientos innecesarios, anotó la consejera de Empleo.

En el debate de los grupos, Rocío Blanco aceptó la propuesta de la diputada socialista, María Márquez, de crear un grupo de trabajo con participación de todas las administraciones, organizaciones y colectivos que analice las actuales circunstancias y dificultades de las mujeres en el campo con la despoblación como fenómeno social añadido en la última década. Blanco se comprometió a exponerlo ante el Consejo de Gobierno.

La diputada de Adelante Andalucía Gracia González puso énfasis en el olvido que, en su opinión, han caído los sucesivos acuerdos de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea sobre las mujeres del ámbito rural. «La PAC sigue siendo misógina», afirmó recordando que solo el 30% de las granjas de los 27 países están gestionadas por mujeres. María Márquez defendió que la inclusión en la última PAC de la perspectiva de género «es un avance». Aún así, González abogó porque se presione a la UE sobre partidas y políticas específicas para la mujer en la futura PAC.