Los precios en origen del aceite de oliva están muy bajos, rondando los 2,0 euros por kilo, y los agricultores se movilizan en señal de protesta. Reivindican que la Comisión Europea autorice el almacenamiento financiado con fondos públicos, un instrumento previsto para situaciones de crisis.
Cabe preguntarse si es una crisis coyuntural, que justificaría la adopción de las medidas reivindicadas, o un problema estructural, cuyas causas habría que buscarlas dentro del propio sector. Me inclino más por la segunda interpretación, como argumentaré en este breve artículo.
Parece evidente que estamos ante un aumento exponencial de la producción de aceite de oliva en España (un 50% en los últimos veinticinco años), que no se corresponde con un aumento equivalente del consumo. Hay, por tanto, un claro desajuste entre oferta y demanda, que no es coyuntural, sino estructural, y que no se compensa con las exportaciones, en aumento, pero todavía insuficientes.
A este problema contribuye, sin duda, el aumento de nuestra superficie de olivar en un 25% en las dos últimas dos décadas (casi medio millón de has más). También contribuye la expansión del regadío, que se ha triplicado en ese periodo hasta superar las 500.000 has (ya son más del 20% del total).
Otro factor son los grandes inversores, que están poniendo en marcha plantaciones superintensivas cuyos costes son mucho más bajos, y que, cuando estén a pleno rendimiento, generarán un fuerte aumento de la producción de aceite de oliva. Todo ello, unido a la atomización de la oferta de aceite de oliva en casi dos millares de almazaras (cooperativas o privadas) con estrategias comerciales muy dispares, provoca inevitablemente una caída de los precios.
En estas ocasiones, siempre existe la tentación de buscar culpables externos. Uno de ellos son los grandes distribuidores, a los que se les acusa de especular con los precios usando el aceite de oliva como reclamo en una estrategia perversa de banalización del producto. Sin embargo, siendo cierta esta crítica, el sector no tiene en cuenta que hay productores que, sobre la base de la calidad y utilizando las grandes plataformas digitales de distribución, están vendiendo su producto a precios muy rentables (algunos por encima de los 4 euros el kilo en origen). Se culpa también a los poderes públicos de pasividad e incomprensión. Se critica a la Comisión Europea por no modificar el umbral para activar el citado mecanismo de intervención (situado en 1,779 euros por kilo de aceite de oliva virgen extra) y al MAPA por no exigirlo con suficiente fuerza en Bruselas.
El sector desconoce, o no quiere reconocer, que el almacenamiento es un mecanismo previsto para intervenir cuando se dan situaciones excepcionales en el mercado, que no es el caso, dado el carácter estructural de la crisis que afecta al sector. Ello limita la capacidad del ministerio para, a pesar de sus esfuerzos, lograr que la UE lo autorice. Tampoco reconoce lo suficiente que una buena parte de la renta de los agricultores es garantizada por la PAC, en la que el MAPA tiene un papel decisivo en defensa de nuestro sector agrario. Ni valora la oportunidad que ofrecen los “planes estratégicos” de la nueva PAC para incluir el problema del olivar tradicional.
Es un hecho, además, que el sector olivarero es muy heterogéneo, y que los costes de producción y la rentabilidad varían mucho de unas explotaciones a otras. Ello explica que no todos los olivareros se movilicen por igual y defiendan los mismos intereses ante la grave situación que les afecta.
Pero el sector en su conjunto tendría que hacer un ejercicio de autocrítica, reconociendo qué se podría mejorar. Debería reflexionar sobre la concentración de la oferta (avanzando en la integración cooperativa de segundo grado), la comercialización (apostando por la calidad y promoviendo el consumo tanto nacional como internacional), el control del fraude (colaborando con firmeza con las autoridades de inspección) o la vertebración interprofesional (apoyando la autorregulación y el almacenamiento con fondos privados).
Tenemos un sector que produce un aceite de la máxima calidad, pero que se muestra muy vulnerable. El propio sector debe buscar soluciones. Seguro que encontrará el apoyo público necesario para ponerlas en marcha, ya que es más lo que les une que lo que les separa. Una buena concertación con el MAPA fortalecerá la posición del sector; la confrontación lo debilitará.
Un artículo de Eduardo Moyano Estrada publicado en Diario de Sevilla