El objetivo es la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del Ingreso Mínimo Vital, dirigido a la reducción de la desigualdad en la renta y de las tasas de pobreza. Se trata de facilitar el acceso a este ingreso y mejorar su efectividad con medidas de integración y evaluación, para evitar las “trampas de la pobreza”, es decir, que la propia prestación pueda inhibir la inclusión de quienes la reciben.
La consulta está abierta a comunidades y ciudades autónomas, entidades locales, entidades del tercer sector de acción social y agentes sociales, que pueden aportar propuestas en distintos ámbitos de actuación: