Clara Aguilera García Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo

Entre los objetivos prioritarios que nos hemos marcado se incluyen: conseguir una PAC que equilibre las rentas de los agricultores y responda mejor a las crisis de mercado; garantizar una producción de alimentos suficiente y sostenible; favorecer la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, como garantía de un relevo generacional vital para las zonas rurales; y, como no, avanzar en una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres, también en este sector económico. Estos han sido los principios que hemos defendido en estos últimos meses de negociación, en los que hemos recogido los intereses del agro español, a través de múltiples encuentros con representantes de instituciones, organizaciones y entidades diversas. El pasado 2 de abril, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara adoptó su posición frente a las tres propuestas que definirán la agricultura europea en los próximos años: Informe sobre los planes estratégicos nacionales, Informe sobre la OCM única e Informe sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (PAC).

El Plan estratégico es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC, un plan cuya elaboración correrá a cargo de cada Estado miembro, antes de ser aprobado definitivamente por la Comisión Europea. Hemos trabajado para que se incluyan, con carácter obligatorio para los Estados miembros, los principales aspectos en el ámbito europeo y para evitar que la nueva subsidiaridad reforzada, propuesta por la Comisión, nos lleve a una renacionalización de la política agrícola. Partiendo del conjunto de normas europeas, cada Estado priorizará en su Plan Estratégico y en función de sus especificidades la forma de alcanzar los tres objetivos fundamentales para la agricultura europea y española: viabilidad económica y renta de las explotaciones agrarias, mejor comportamiento medioambiental y climático y, por último, fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Además, en cada Estado, esta hoja de ruta tendrá como objetivo transversal la innovación y digitalización de la agricultura y las zonas rurales. Entre los logros conseguidos por el grupo socialista europeo incluidos en la futura PAC, me gustaría resaltar por su relevancia social el refuerzo del papel de la mujer rural. Por primera vez, la participación de la mujer en la actividad agraria queda plasmada entre los objetivos específicos de la PAC. Este avance social hace frente a una realidad cotidiana en nuestros días: la escasa visibilidad de la mujer rural, junto a la falta de reconocimiento histórico de su contribución a la actividad agrícola y ganadera, así como su imprescindible papel para combatir la despoblación en el medio rural. En un contexto en el que la actividad agraria y ganadera se realiza mayoritariamente de forma conjunta por ambos cónyuges, la titularidad sigue perteneciendo en la mayoría de los casos al hombre, por lo que la mujer trabaja sin cotización ni consideración social por este trabajo. Además, en el debate parlamentario hemos propuesto implementar medidas efectivas que favorezcan la incorporación profesional de las mujeres a la actividad agraria.

Por otro lado, hemos logrado que se incluya, también y de manera explícita, la participación de las regiones, nuestras Comunidades Autónomas, reconociendo el papel activo que deben desempeñar en el diseño y aplicación de las medidas de desarrollo rural del segundo pilar, con programas específicos dentro de los planes estratégicos. El límite de ayudas por explotación o capping ha sido también un objetivo prioritario en esta negociación. El texto aprobado lo fija en 100.000 euros/explotación y queda pendiente la tarea de limitar la posibilidad de que los Estados miembros eludan su aplicación, hecho que seguiremos combatiendo. Respecto a la arquitectura verde de esta reforma, consideramos que la inclusión del carácter voluntario del ecoesquema puede atraer a un mayor número de agricultores a la adopción de prácticas contra el cambio climático. Aprobado con amplia mayoría, el informe sobre la Organización Común Mercado (OCM), propone un refuerzo de las organizaciones de productores, de sus asociaciones y de las interprofesionales y de su papel en la vertebración de los diferentes sectores, especialmente en el de frutas y hortalizas. Resulta interesante la inclusión de normas de estabilización del mercado en el sector de la aceituna y el aceite de oliva, similares a las recogidas en el sector del vino, que permite a los Estados miembros la adopción de determinadas medidas en momentos de perturbación de mercado.

Además, se amplía de manera positiva la lista de sectores que pueden ser objeto de la intervención pública, como son azúcar, ovino, porcino y sector avícola, y se introducen medidas para agilizar la respuesta de la Comisión Europea ante las crisis de mercado. Respecto al sector vitivinícola, la propuesta de futura PAC prorroga el sistema de autorizaciones administrativas hasta 2050 y adapta los requisitos sobre el etiquetado del vino a las demandas de los consumidores. También, se incluirán en la PAC los vinos de baja graduación y los desalcoholizados, siempre que estas bebidas sin alcohol provengan del vino. La continuidad de esta propuesta de partida la decidirá el futuro Parlamento, tras las elecciones del 26 de mayo. Es necesario el compromiso y la sensibilidad de todos los grupos, para que estos cambios se eleven a “mandato del Parlamento Europeo” en la negociación del texto final. Los próximos meses serán decisivos para conseguir un presupuesto suficiente y sin recortes para la PAC 2021- 2027. Estamos convencidos que de ello dependerá su eficacia en la agricultura comunitaria y el futuro de miles de productores españoles y europeos.

Fuente: RRN