Financiación municipal para la España vaciada y contra el cambio climático

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Urge un cambio profundo del sistema de financiación municipal en España. El objetivo: lograr un reparto más justo, frenar la despoblación y luchar contra el cambio climático.

Leí en el suplemento económico “Cinco Días” un artículo firmado por Aurelio Medel con el título “Lo que la España urbana debe a la España rural”. En el artículo se reflexiona de manera acertada sobre esta idea, y se hace referencia al Congreso sobre la España Vaciada, que bajo el lema «Despoblación: un reto político y (poético)» se celebró la semana pasada en la localidad de Sigüenza.

El autor indica que “la principal conclusión del Congreso es que para abordar este reto se necesita cambiar el sistema de financiación autonómico y municipal, que básicamente está construido bajo la premisa de tantos habitantes tienes, tanto dinero recibes”. Desconozco cuáles fueron los términos del debate, pero hoy justo he vuelto a leer otro artículo del mismo autor en el que reivindica el sin duda positivo instrumento del Fondo Nacional Forestal. Por ello me ha parecido oportuno lanzar alguna otra propuesta que ya estaba reflejada en los documentos políticos y programas electorales.

Las propuestas de PSOE y Unidas Podemos

Ya tenemos preacuerdo político para un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Desde la experiencia del gobierno balear, tengo que decir que no hay mejor forma de que un acuerdo de este tipo avance que fijarse en los retos comunes. “Revertir la despoblación y apoyo decidido a la llamada España Vaciada” es uno de ellos, y quedó reflejado en el punto 8 del documento firmado entre Sánchez e Iglesias. Sobre cómo abordar este compromiso seguro que existen muchos elementos comunes, pero en el asunto de la financiación municipal relacionada con la despoblación, estamos todavía en una fase inicial de volcar ideas.

La medida 279 del programa electoral de Unidas Podemos dice: “Impulso a la financiación municipal mediante la articulación del criterio poblacional, junto a otros criterios, con el objetivo de cerrar la brecha territorial y la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes ligados al mundo rural”.

Por su parte, la medida 366 del documento que el PSOE elaboró con el título “Propuesta abierta para un programa común Progresista” decía: “Impulsaremos la financiación local mediante la incorporación de nuevos criterios que determinan el coste de la prestación de servicios, junto con el criterio poblacional, con el objetivo de cerrar la brecha territorial, así como la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes ligados al mundo rural”. En el programa electoral para las elecciones del 10N incluyó la medida 5.1.6 que hacía referencia a una reforma de la financiación local, pero sin entrar en detalles.

Con este marco, voy a explicar a grandes rasgos lo que hay detrás de la propuesta de Unidas Podemos, puesto que tanto yo, como el Área Rural de Podemos[1], algo tuvimos que ver.

La idea central es la siguiente: ¿Qué pasaría si estableciéramos como criterio de financiación municipal no solo el número de vecinos y vecinas que viven en los pueblos, sino las hectáreas de monte, arbolado, pastos permanentes, o cultivos leñosos que tienen? ¿Cómo cambiaría con este criterio la financiación de los municipios que forman parte de Tierra de Pinares, Montaña Palentina, La Cabrera, o Las Villuercas por ejemplo?

La generosidad de la España vaciada debe ser recompensada

Como dice Medel en su artículo, la España Vaciada está siendo enormemente generosa, y es hora de que perciba un justiprecio por mantener unas condiciones medioambientales que nos permiten disfrutar a todos de los paisajes naturales, de los ecosistemas, de una atmósfera respirable, de fuentes de agua, pero también computar todo este patrimonio natural como sumideros de carbono, algo esencial para que los balances de CO2 que debemos cumplir ante las instituciones internacionales salgan mínimamente presentables. Imaginemos las posibilidades de una medida como esta para la política de cohesión territorial, desarrollo rural, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, o sus posibles impactos en la política forestal.

La financiación municipal en España es uno de los debates políticos pendientes. Los ayuntamientos apenas manejan el 12% del total de los recursos de las administraciones públicas cuando la mayoría de los expertos hablan de que deberían significar un tercio. Esta propuesta no resuelve ni mucho menos este problema colosal. Tan solo aporta un elemento de justicia territorial en el reparto de los fondos, para sumarlos a la solución de otro reto colosal que es el de la España Vaciada.

Los ingresos de los municipios de menos de 75.000 habitantes que no son capitales de Provincia ni de Comunidad Autónoma vienen por dos vías; Los tributos locales, y a través del mecanismo de participación en los tributos del Estado en la modalidad que se llama “Régimen de Variables”. Cada año la cuantía total de este “Fondo Complementario de Financiación”[2], que así se llama el fondo que se reparten estos municipios, cambia de acuerdo a los ingresos. La ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la forma y criterios de reparto[3]. En concreto son tres criterios; el esfuerzo fiscal medio, el inverso de la capacidad tributaria, y el último y más injusto para los pequeños municipios, es la población de derecho ponderada, que reparte el 75% del fondo.

La financiación municipal actual, injusta con los pueblos

El criterio es tan injusto que no solo es que si un municipio tiene menos población reciba menos, sino que, además un vecino de un pueblo de menos de 5.000 habitantes, vale menos que uno que viva en una ciudad de más de 50.000. La ley establece un coeficiente multiplicador por el que a un municipio que tenga 1.340 habitantes, se le computa como 1.340 habitantes, mientras que un municipio de 50.500 habitantes, computa como 70.500 habitantes. Esto es así porque la ley añade un índice multiplicador de la población que para los municipios de menos de 5.000 habitantes es igual a 1, mientras que para los de más de 50.000 habitantes es 1,40.

A partir de esta idea la propuesta que planteamos podría tener dos caminos. El primero, añadir un criterio de distribución del Fondo basado en la superficie forestal, pasto permanente y cultivos leñosos que repartiera, por ejemplo, el 25% de este Fondo. El segundo camino significa incrementar la financiación de los municipios con la creación de un nuevo “Fondo de Compensación para la Lucha contra la despoblación y por la valorización de los recursos naturales”, que repartiera la misma cantidad que el primero y que fue el que seguimos. Es decir, unos 4.300 millones de euros más al año.

La propuesta que elaboramos incluye la distribución del fondo en varias partes: El 75% en función de la superficie forestal de cada municipio de acuerdo a la calificación de las masas forestales que aparecen en el Inventario Forestal Nacional. El 13% en función de la superficie calificada como pastos permanentes del municipio, y el 12% en función de la superficie total de cultivos leñosos (viñedo, olivar, frutales…).

Para esta propuesta la base estadística esencial es el Inventario Forestal Nacional, y cabe recordar que, en este inventario, se clasifican las masas forestales de acuerdo a sus características, cuestión que habría que tener en cuenta para su ponderación. Sin duda a la hora de precisar todo esto resultaría esencial la opinión de los expertos forestales que a bien seguro estarían muy dispuestos a colaborar.

Por último, considerábamos que el destino de este fondo debería estar predeterminado para que cumpliera los objetivos para el que se crea: Sin duda un porcentaje del dinero recibido con este fondo iría destinado a cubrir gastos de personal y gastos corrientes de los ayuntamientos. En segundo lugar, en torno a un 40% se destinaría a actuaciones de ordenación y gestión de las masas forestales. En tercer lugar, un porcentaje destinado a actuaciones de lucha contra la despoblación favoreciendo la acogida e instalación de nuevos vecinos y vecinas, el desarrollo de proyectos de emprendimiento económico en especial de jóvenes o mujeres, o cualquier otra medida necesaria en la lucha contra la despoblación, y, por último, un porcentaje no inferior al 10% destinado a inversiones de restauración del patrimonio natural o cultural.

Esta propuesta comenzamos a redactarla en forma de Proposición de Ley y los tres borradores pudimos discutirlos hasta que finalmente la XII legislatura se truncó y fuimos a unas nuevas elecciones el 28 de abril de 2019. Soy de los que considera que el reto de la despoblación constituye uno de los mayores desafíos de nuestro país en los próximos diez años.

Este reto exige propuestas imaginativas, y si se quiere incluso arriesgadas, pero que sin duda marquen un cambio de rumbo radical en lo realizado hasta la fecha. Desde mi humilde posición, espero que la propuesta sirva al menos para ampliar el debate.


[1] Quiero recordar aquí a Francisco Garrido, del cuerpo general de funcionario del Ayuntamiento de Madrid que fue quien nos ofreció la idea inicial y con el cual trabajé hasta su formulación como propuesta. También a Ariel Jerez, antiguo responsable del área y que siempre supo ver que era una idea con muchas potencialidades.

[2] Para que nos hagamos una idea, la participación total de los municipios de menos de 75.000 habitantes en el año 2016, el último ejercicio del que pudimos conocer por el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda publicado en julio de 2018 ascendía a 4.200.158.666,79€, de los cuales, 3.150.118.999,65 € se distribuyen por el criterio poblacional ponderado.

[3]  Los criterios de reparto se establecen en el artículo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales

Autor: Fernando Fernández para El Diario Rural

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