Durante más de dos décadas trabajó en la asesoría jurídica y secretaría general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha sido diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno fue la persona elegida para iniciar una cruzada contra la despoblación y una de las artífices de la primera entrega de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
– Lo que ahora denominamos reto demográfico va más allá de la despoblación porque hay que hablar también del envejecimiento de la sociedad, la dispersión territorial y los efectos de la población flotante en una parte del territorio. Se han convertido en un asunto de Estado porque se trata de una realidad que ya es acuciante. El 53% del territorio nacional se encuentra en estos momentos con riesgos demográficos graves, en situación de despoblación severa, que ponen en cuestión nuestro propio modelo de convivencia. Un hecho que no es aislado en nuestro entorno europeo ni en el mundial, pero que en el caso de España nos requiere medidas de carácter urgente para abordarlo. Repetimos con mucha frecuencia que en este tema no caben dilaciones ni más absentismo. Este tema tiene que unir al Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, si no nos unimos todos no habrá ninguna oportunidad.
Cuando cuatro millones y medio de españoles viven a día de hoy en estas zonas rurales con graves riesgos demográficos hay que encontrar soluciones para estar a la altura de su valentía y defensa de su modo de vida.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez se marcó como una de las prioridades en 2017 alcanzar una estrategia nacional frente al reto demográfico, se convirtió en ese momento en un asunto de Estado. Y nuestro compromiso no puede ser mayor porque lo hemos llevado al Consejo de Ministros, al Boletín Oficial del Estado y a los Presupuestos Generales y el Gobierno ya aprobó, como había comprometido, el 29 de marzo las directrices de una Estrategia Nacional para abordar el reto demográfico en la que se contemplan 80 medidas de carácter transversal que afectan y abarcan todas las políticas públicas y a su vez incorpora un diagnóstico con la necesidad de requerir la actuación desde la cooperación de todos los niveles de gobierno, estatal, autonómicos y, por supuesto, las instituciones locales, llamadas también a desempeñar un importante papel. Pero la Unión Europea también ha incorporado el reto demográfico en su agenda política y en la renovación de nuevos cargos ya se incorpora también con un importante papel la despoblación.
La primera de las medidas se llevó en el pasado mes de octubre al BOE, en el Real Decreto 1234, con la convocatoria de ayudas para el empleo, el emprendimiento y el autoempleo de jóvenes de 16 a 30 años en municipios que están sufriendo una importante pérdida de población en la última década. Y tienen una partida de 80 millones de fondos europeos que movilizan recursos para atajar el motivo principal por el que los jóvenes abandonan sus pueblos que es la falta de oportunidades económicas. La creación de empleo es uno de los instrumentos clave para mantener la población que está en el entorno rural, pero también para que vuelvan aquellos que quieran hacerlo.
La segunda de las medidas que tendrá recorrido un recorrido importante en el presente y en los próximos años es incorporar la perspectiva demográfica y su impacto en la elaboración de leyes, proyectos y planes de inversión que movilicen recursos públicos. Ponernos las gafas demográficas a la hora de legislar y no hacerlo sólo desde el punto de vista de las ciudades, sino la de miles de pueblos. Incorporamos hace años el impacto medioambiental, después el de género y ya ha llegado el momento para que no sea demasiado tarde de incorporar el impacto demográfico para que el legislador, y no sólo el Gobierno, no lo haga sólo pensando en las necesidades de las grandes ciudades. Los ciudadanos, en cualquier pueblo o ciudad, en el interior o en la costa, sean jóvenes o mayores, tienen que tener la seguridad de que la prestación de servicios, adaptada al territorio, no los va a discriminar por el lugar en el que viven.
España es plural, también en lo territorial. Y hay zonas como la provincia de Almería que vive las tres grandes paradojas del reto demográfico. Porque hay una parte que pierde población, otra que sufre el envejecimiento que descompensa la pirámide y luego una que lidera el crecimiento proporcional del censo. Almería es una de las tres provincias que más crece y lo hace de una manera desigual. Ustedes sí que viven el reto demográfico en el más amplio concepto de la palabra por el impacto de la población flotante en la costa y grandes ciudades. Por eso tenemos claro que las recetas no pueden ser únicas, sino que tienen que estar adaptadas a la realidad social y económica de cada territorio.
El diseño de nuestra Constitución hace un mapa competencial de reparto entre los distintos niveles de gobierno. Hay competencias que corresponden al Gobierno, otras a la comunidad autónoma y otras a las corporaciones locales. Y para que sean efectivas las recetas contra la despoblación hemos de avanzar en la cultura de la cooperación institucional, no sólo colaboración y coordinación. Hacerlo si es posible al mismo tiempo cuando actuamos sobre un territorio. Que no sean proyectos independientes. El diseño de las políticas contra la despoblación hay que enfocarlo desde la cooperación de todos los niveles de gobierno para que sea efectivo.
España es un país que precisa de la inmigración para su desarrollo económico de futuro, por lo tanto, nos debemos plantear la inmigración en un marco de generación de oportunidades siempre dentro de la política comunitaria. El debate sobre el papel de la inmigración en el desarrollo económico de presente y futuro de Europa ha de abordarse en el seno de las políticas comunitarias.
No podemos hablar de despoblación sin hacerlo de otros asuntos relacionados. España es el país de la UE que tiene una mayor esperanza de vida, 85 años en las mujeres y 83 en los hombres, y ese dato es un éxito que tenemos como sociedad, que se debe a las consecuencias de nuestro Estado de Bienestar y calidad de vida, y no lo podemos plantear como un problema social. Hay que abordar esa realidad como un espacio de oportunidades para el desarrollo económico y el empleo como prestadores de servicio en torno a las necesidades de los mayores.
Como socialista, mujer y madre creo y confío mucho más en las políticas que acompañan la crianza que en las que fomentan el nacimiento de hijos. Creo que las medidas puntuales que acompañan única y exclusivamente al hecho del nacimiento tienen un recorrido infinitamente más corto que aquellas que, sin embargo, garantizan una ayuda a los padres y madres a lo largo de la crianza de sus hijos. Los socialistas creemos mucho más en las medidas de conciliación laboral y familiar, en la regulación de horarios, pero también en las escuelas de cero a tres años, en las políticas de viviendas, en una adecuada reforma del mercado laboral que garantice unas mejores condiciones salariales que permitan a las mujeres y hombres ser padres y madres que en el impulso de la natalidad. Son mucho más efectivas estas políticas de acompañamiento que cualquier medida puntual para incentivar un nacimiento.
– El mandato de la Constitución nos dice que todas las personas, sin importar el lugar en el que vivan, deben tener las mismas oportunidades, justicia y equidad en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Para garantizar esos principios constitucionales en el siglo XXI es imprescindible que tengan una buena cobertura de telefonía móvil, internet y banda ancha, es una condición sine qua non para vivir en el territorio. No solo para desarrollar actividad económica y empleo, sino que se convierte ya en una herramienta necesaria para las prestaciones de teleasistencia a nuestros mayores y para determinados desarrollos educativos en las escuelas. Si usted me pidiera una medida a priori sobre todas las demás entiendo que sería garantizar una adecuada digitalización en la agricultura, ganadería, escuela y empleo en el ámbito rural.
La agenda 2020 de la Unión Europea marcaba un horizonte de acceso a los servicios tecnológicos del territorio. Andalucía ha mantenido durante muchos años un mapa muy óptimo de servicios públicos en general en todo su territorio, ha logrado una cohesión social tan evidente que ahí están los datos. El mantenimiento de la escuela rural o la focalización de su mapa de centros de salud es un hecho objetivo y eso es fundamental para el mantenimiento de la población. La escuelas, los centros de salud y la atención a los dependientes mayores determina población. Cerrar una escuela es abandonar un pueblo a su suerte.
– No puedo hacer futurología y me remito a un presente hasta donde hemos llegado. La escuela rural mantiene población y la ha mantenido porque los padres buscan el mejor futuro para sus hijos. Hay experiencias muy negativas de alguna comunidad autónoma limítrofe con Andalucía en la que el cierre de colegios y ambulatorios y centros de salud en un corto espacio de tiempo significó un movimiento brusco de población en busca de la prestación de esos servicios. Mantener la educación de los niños y niñas en su pueblo ayuda a mantener el vínculo con su entorno porque no sólo la educación también es contribuir a esa relación y a la defensa y custodia de un territorio en su desarrollo.
Nuestro presidente ha explicado que hemos mantenido en España durante mucho tiempo un sistema de infraestructuras y transportes radial, que ha podido tener sentido en las grandes comunicaciones, pero nos queda una asignatura pendiente que es el desarrollo de esas infraestructuras y transportes en malla. Es el siguiente paso que no debemos demorar. El transporte de cercanías, tanto de autobuses como de trenes, pensando en la inmediatez del entorno, también en las carreteras, es fundamental para vertebrar el territorio y fijar su población.
Como le decía al principio, hay cuatro millones y medio de españoles que se mantienen defendiendo un modo de vida y merecen que sus gobernantes y la clase política en general esté a la altura del compromiso que ellos tienen con su territorio. Tengo una gran confianza en que precisamente la crisis derivada del cambio climático que estamos viviendo se convierta en una gran oportunidad para avanzar hacia políticas que afronten la despoblación. Porque esto hace evidente que quién mejor custodia el territorio son las personas y que quienes más interesados tienen que estar en qué perviva un medio de vida en torno al ámbito rural son precisamente aquellos que viven en las grandes ciudades. Es preservar nuestro presente y futuro no solo desde el punto de vista social y económico, sino también climático. La mejor forma de luchar contra el cambio climático será preservar nuestro equilibrio territorial y modelo de convivencia y no sólo en torno a 15 megalópolis.
Entrevista de Iván Gómez, publicada en Diario de Almería.