Dicho reglamento se ha dictado debido a la actual pandemia de COVID-19 y a las amplias restricciones de movimiento impuestas en los Estados miembros, todos ellos han encontrado dificultades administrativas excepcionales para planificar y ejecutar a tiempo el número requerido de controles sobre el terreno. Estas dificultades pueden retrasar la realización de los controles y el consiguiente pago de la ayuda. Al mismo tiempo, los agricultores son vulnerables a las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia y afrontan dificultades financieras y problemas de liquidez.  Habida cuenta de estas circunstancias sin precedentes, resulta necesario paliar estas dificultades estableciendo excepciones a los diferentes reglamentos de ejecución aplicables en el ámbito de la política agrícola común en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno.