Tanto la CEOE como el lobby de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas. El informe, presentado en la sede madrileña de la CEOE, se ha entregado con anterioridad a la Comisionada del Gobierno frente al Reto de Demográfico, Isaura Leal, con el fin de que lo tenga en cuenta en la próxima Estrategia Nacional del Reto Demográfico que prepara el Gobierno. “Le hemos transmitido que si se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política”, según fuentes de SSPA.

El informe es el resultado del trabajo de un proyecto de cooperación LEADER entre Programas de Desarrollo Rural de distintas Comunidades Autónomas, en el que están involucrados todos los Grupo de Acción Local de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, y que utilizan el procedimiento de coordinación entre Autoridades de Gestión, aprobado en el marco del Grupo de Trabajo de cooperación LEADER de la Red Rural Nacional (RRN), y en el que la RRN actúa como facilitadora.

La red SSPA está convencida que es posible revertir esta situación como se ha demostrado en otros lugares de Europa como Escocia, explicando las razones por las que se necesita una política fiscal diferenciada y las medidas más eficaces y eficientes para lograr resultados positivos. Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como la “Ultraperiferia Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación.

En el acto de presentación se ha explicado su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en ellos.

“En este informe se valora el encaje jurídico, según José Antonio Herce San Miguel, Doctor en Economía y coordinador del estudio, ya que los estímulos fiscales diferenciados territorialmente deben pasar un estricto examen basado en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Para Herce, existen antecedentes en España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que está reflejado en la Constitución Española como “Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica). “Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada que se defiende en este informe”, ha concluido Herce.

El análisis jurídico que se ha llevado a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE.

También han analizado que el coste que tendría para el estado estas medidas fiscales diferenciadas sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios. Esta red realizará próximamente presentaciones del informe en Cuenca, Soria y Teruel con mesas de debate para dar más detalles y analizarlos con el conjunto de la sociedad.