El maná de fondos europeos estará más vigilado que nunca. Ayer se puso en marcha la Fiscalía europea, un nuevo organismo comunitario que tiene como objetivo investigar, procesar e incluso lleva a juicio a los autores de los delitos vinculados a la gestión del dinero europeo. Esto incluye los fondos provenientes del presupuesto comunitario, pero también el nuevo instrumento de reconstrucción, bautizado como Next Generation EU, para paliar los estragos del coronavirus y la recaudación de las operaciones transfronterizas del IVA.

Según el acuerdo alcanzado durante el mes de julio, nuestro país recibirá 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción europeo, de los que 72.700 llegarán en ayudas directas. A esto deben sumarse los fondos agrícolas y los que reciben las regiones europeas. Se espera que el dinero pueda empezar a llegar a principios del año que viene.

Aunque este organismo supone un paso sin precedentes en el proceso de integración europeo, la iniciativa se ha llevado a cabo a través del procedimiento de cooperación reforzada. Esto implica que tan sólo participan aquellos países que así lo deseen, siempre y cuándo haya un mínimo nueve estados interesados. Al final, han rechazado unirse a esta iniciativa Hungría, Polonia, Suecia, Dinamarca e Irlanda, aunque pueden adherirse en cualquier momento. Sobre los dos primeros, pende la sospecha de la corrupción y los tres restantes consideran que un organismo de esta naturaleza socava su soberanía

A pesar de que la puesta en marcha de este proyecto coincide con el esfuerzo sin precedentes por parte de las instituciones europeas a la respuesta a la crisis de la pandemia, lo cierto es que esta iniciativa ha sido largamente acariciada durante décadas y volvió a salir a la palestra tras la aprobación del Tratado de Lisboa en 2007. Ayer se celebró la primera reunión de los 22 miembros del colegio de fiscales (uno por cada país), presididos por la rumana Laura Kövesi, fiscal anticorrupción de su país, con fama de perseverante e incorruptible. España ha designado como su representante a Concepción Sabadella, una de las investigadoras del «caso Gürtel.

A pesar de que las instituciones europeas tienen otros mecanismos para vigilar cómo se gasta el dinero europeo, las limitaciones han sido la nota dominante en las últimas décadas. Agencias como Eurojust o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude no tienen competencias penales y las autoridades nacionales no pueden realizar investigaciones más allá de sus fronteras. Con esta nueva Fiscalía será la primera vez que existe un órgano centralizado que puede continuar sus pesquisas y perseguir el delito por el territorio comunitario, aunque en último término los infractores tendrán que responder ante los tribunales de su país. En este sentido, hay que tener en cuenta la falta de armonización del Derecho penal entre los Estados miembros y el salto que supone una iniciativa de este tipo.

La Fiscalía Europea, una vez terminada la investigación, ejercerá las funciones de acusación ante los órganos competentes de cada Estado, aunque esto excluye un tribunal europeo con capacidad para decir la última palabra y levanta dudas sobre si todos los sistemas judiciales europeos serán capaces de actuar con independencia. El objetivo de la nueva Fiscalía es emprender investigaciones de envergadura que sólo se ocupen de aquellos casos que supongan la malversación de caudales públicos en los fondos europeos superiores a 10.000 euros o 10 millones en las operaciones de IVA transfronterizas.

Este nuevo organismo tiene su sede en el Ducado de Luxemburgo, pero el propósito es poder investigar sobre el terreno. Por ello, se ha realizado un sistema mixto en el que cada país, aparte de su representante en Luxemburgo, tenga otros dos en el lugar de origen.

El nombramiento de los fiscales europeos se produjo en el mes de julio por un período no renovable de seis años. Con el objetivo de facilitar la renovación, se decidió que un tercio de los miembros de esta iniciativa dispondrían de un mandato no renovable de tres años. Tras un sorteo, los seleccionados para un periodo más corto fueron los representantes de España, Grecia, Italia, Chipre, Lituania, Países Bajos, Austria y Portugal. Según la legislación europea estos candidatos elegidos por las capitales deben ser “miembros activos del Ministerio público o del poder judicial de los Estados miembros, deben ofrecer plenas garantías de independencia y deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos Estados miembros, de altos cargos del Ministerio público o del poder judicial. Deben tener una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal”. Cada estado ha ofrecido una terna de candidatos.

LA RAZÓN