Despoblación y agua, tareas urgentes para el nuevo Gobierno

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Una vez superada la ristra de promesas electorales y la cita con las urnas, el Gobierno que presumiblemente encabezará el socialista Pedro Sánchez tiene en su lista de peticiones asuntos que afectan al interior de España pero que son cuestiones de Estado como la despoblación o la gestión del agua.

La manifestación de la “España vaciada” de hace apenas un mes dejó claro el sentir de los ciudadanos de las zonas afectadas por esta sangría: quieren tener los mismos derechos y oportunidades que el resto, por lo que ya urgieron un pacto contra la despoblación, “serio, con plazos, objetivos y presupuesto bien definido”.
El materia de agua, los productores agrarios y los regantes quieren sacar este asunto del debate político y de los rifirrafes regionales, especialmente cuando se trata de trasvases, hasta convertirlo en una cuestión que resuelva con un Pacto Nacional.
Pero si hay un asunto que será clave para el futuro del sector primario español es el desarrollo de la nueva programación de la Política Agraria Común, retrasada por los efectos del calendario electoral europeo; tendrá que hacer frente a importantes desafíos como el cambio climático o el desenlace definitivo del “bréxit”.
Estos son algunos de los asuntos pendientes en la lista de quehaceres del futuro gobierno:

Despoblación

Ha sido uno de los asuntos estrella de esta campaña, tanto por las movilizaciones como por la importancia del voto de los ciudadanos de las provincias con menos densidad de población.
La realidad es que más de la mitad de los municipios españoles pierde población y de la Estrategia contra el Reto Demográfico que exigió la Conferencia de Presidentes en 2017 tan sólo se conocen las líneas estratégicas de la Administración General del Estado; quedaría coordinarla con el resto de las administraciones.

Agua

El problema del agua en un país Mediterráneo como España y donde se suceden los periodos de sequía con los de lluvias torrenciales requiere soluciones a largo plazo y un pacto nacional del agua, según han reclamado desde las organizaciones de productores y los propios regantes.
La Federación Nacional de Regantes (Fenacore) incluso pide que la Dirección de Agua dependa del Ministerio de Fomento, un departamento con “mayor capacidad inversora” para sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones de los diferentes planes de cuenca.

 

PAC

El debate sobre cómo será la próxima Política Agraria Común (PAC) sigue adelante tanto en las instituciones europeas como en España, donde se han avanzado las conversaciones con las comunidades autónomas y con los productores, que coinciden en reclamar una PAC fuerte y con presupuesto suficiente para hacer frente a sus desafíos.
En cualquier caso, debido al calendario electoral europeo, la postura definitiva del Europarlamento, la cuantía financiera y los reglamentos no se conocerán hasta finales de este año, según señaló antes del último consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas.

Exportación con la incógnita del bréxit

Al igual que en el caso de la PAC, las búsquedas de mercados alternativos ante la posible salida brusca del Reino Unido de la UE ha encontrado un balón de oxígeno con las prórrogas que se han facilitado al Gobierno británico.

El sector agroalimentario es la segunda actividad económica de España en valor de exportación -45.877 millones de euros en 2018-, pero el crecimiento de esta partida se desacelera año tras año, con un aumento de tan solo un 0,2 % en 2018; el sector pide que desde la UE se defiendan acuerdos comerciales justos y con reciprocidad.

 

Cadena alimentaria, a vuelta con la venta a pérdidas

Ésta es una reclamación histórica del sector y atenderla fue una de las banderas escogidas por el ministro socialista del ramo, Luis Planas, al llegar al cargo, en junio de 2018.
Se encontraba entonces en España en una especie de limbo legal, ya que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE consideró en 2017 que la regulación de la venta a pérdida no se ajustaba al derecho comunitario.
La venta a pérdida está regulada a través de la ley de comercio minorista debido a que no afecta únicamente a los alimentos, y finalmente se introdujo una modificación de la ley el pasado mes de diciembre para adaptarse a los criterios europeos.
Esta medida no contentó a las organizaciones de productores, para ellos, la solución pasa por prohibirla en la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

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