2019 ha dejado muchos temas pendientes y algunos ya son viejos temas pendientes. Uno de ellos es el abandono precipitado de los pueblos, que se inició hace 70 años y que nos ha llevado a vivir hoy en un país territorialmente desequilibrado.

En 2017 se puso en marcha lo que debería ser el remedio: la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, que debería estar aprobada en 2018, pero que en 2019 quedó a medias. La estrategia debía servir para conseguir un Pacto de Estado que cambie el mapa de España.

Ya he dicho aquí que la denominación “reto demográfico” para luchar contra la despoblación me parece un error porque mezcla este problema con otros, como la baja natalidad o la población flotante y puede confundir sobre las causas y, lo que es peor, sobre las medidas que es necesario tomar. Sin embargo, la iniciativa ilusionó a mucha gente de la España vaciada.

2020 podría ser el punto de inflexión, siempre que no nos equivoquemos en el diagnóstico ni en las medidas que hay que tomar. Aquí expongo algunas ideas, con la intención de aportar algo a este debate tan necesario que está promoviendo El Diario Rural.

Por una discriminación positiva para los pueblos

En primer lugar, hay que decir que para eliminar o por lo menos reducir las diferencias de calidad de vida entre las ciudades y los pueblos, entre las zonas desfavorecidas y no desfavorecidas, lo primero que hay que hacer, es asumir que son necesarias políticas diferenciadas por territorios o por decirlo más claro, discriminaciones favorables a los perjudicados. Mantener las mismas políticas públicas de crecimiento y concentración de la actividad económica en las grandes ciudades y a la vez pretender que crezcan los pueblos es imposible.

Las grandes ciudades crecieron a costa de vaciar medio rural, que es un proceso que continúa hoy. Ahora no se trata de vaciar las ciudades, que seguirán creciendo, pero sí corregir una tendencia que en España es suicida.

Si se quiere parar el proceso de despoblación, las inversiones públicas tendrán que repartirse de otra manera. Este es el reto: o seguir apoyando proyectos como la operación Chamartín, que ahora se llama Madrid Nuevo Norte, o apostar por un equilibrio territorial. Más claro: o fomentar el crecimiento de diez o doce grandes aglomeraciones urbanas y los que queden fuera que se busquen la vida, o crecer juntos. Para mí, esto es lo que significa Pacto de Estado, que en este aspecto me parece más un pacto social que un pacto entre administraciones.

Cómo debe ser el Pacto de Estado contra la despoblación

Suponiendo que se produzca ese pacto, la segunda condición que se debe cumplir es definir cuáles son los territorios desfavorecidos. Puede parecer increíble, pero no existe una definición general aplicable a todas las políticas y válida para todas las administraciones, sobre lo que es rural o lo que es despoblado.

Cada intervención pública en el medio rural define el ámbito territorial a su manera, que normalmente sigue la vieja y burda definición que dice que es rural lo que no es urbano. Y esto no ocurre por falta de estudios y propuestas de expertos sociólogos, geógrafos o demógrafos, que los hay y muy buenos. Simplemente, las administraciones no se han puesto nunca de acuerdo en qué es rural. Esto también es materia del Pacto de Estado, en este caso, entre administraciones.

Una buena Ley de desarrollo rural que nunca se aplicó

El intento más serio para distinguir entre lo rural y lo urbano y establecer grados de ruralidad, que también es muy importante, corresponde a la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, pero lamentablemente no tenía efectos más que para dicha ley y tenía un presupuesto muy limitado. Pero más lamentable fue que en 2012 se le retiraron los pocos fondos que tenía, justamente cuando estaba iniciando su aplicación. Fue uno de los primeros recortes para salir de la crisis económica de 2008. No era una prioridad.

La Ley 45/2007 utilizaba criterios modernos para definir lo rural. Se consideraban otras variables, además de la población y la densidad municipal, como los niveles de renta, actividades económicas desarrolladas, el nivel de aislamiento geográfico y la vertebración social. Pero además abordaba cuestiones distintas de las agrarias y no propias del Ministerio de Agricultura que es el que tomó esa iniciativa legislativa.

Por ejemplo, abordaba las infraestructuras de transporte, energía, agua, tratamiento de residuos y telecomunicaciones; la planificación ambiental y gestión de recursos naturales; medidas para fomentar el empleo y la diversificación económica; servicios básicos, energías renovables y agua; seguridad ciudadana, educación, cultura, sanidad, protección social, urbanismo y vivienda… en fin, esa ley era, y sigue siendo, una estrategia de desarrollo rural integral, que necesitaba de la participación de todas las administraciones públicas, del estado y de las comunidades autónomas. Es exactamente la misma línea que la que ahora propone la estrategia frente al reto demográfico.

La Ley 45 no está derogada, pero no se aplica. Sin embargo, podría ser la columna vertebral del Desarrollo Rural con mayúsculas. Si se quiere revitalizar, hará falta un Pacto de Estado, pero también con mayúsculas.

Aquella iniciativa de 2007 y fracasada en 2012, para crear un desarrollo rural integral, de verdad y con mayúsculas, que en su momento no entendió casi nadie, que tuvo poco presupuesto desde el principio y que se perdió a las primeras de cambio, no debe confundirse con el desarrollo rural que se lleva haciendo desde siempre, aunque se aplique desde el mismo Ministerio de Agricultura que tomó la iniciativa de la ley 45.

¿Qué es entonces desarrollo rural?

Los dos se llaman desarrollo rural, pero solo en eso coinciden. Si los dos sistemas estuvieran en funcionamiento deberían coordinarse, pero no estar juntos. Como tampoco deberían juntarse las políticas de desarrollo rural de Fomento, de Transportes, de Educación, de Sanidad… si existieran, que no existen. Esto es coherente con lo que propone el proyecto de Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico: que toda política sectorial tenga un enfoque territorial. Hasta ahora sólo ha existido el enfoque rural en la política agraria, seguramente porque es la más cercana e implicada, pero no debe ser la única.

El desarrollo rural que gestionan las administraciones agrarias del estado y de las comunidades autónomas, que no es el que proponía la Ley 45/2007, es un desarrollo rural parcial y ligado al fondo europeo Feader, muy vinculado a la agricultura, con financiación, objetivos e instrumentos de intervención, que no bastan para solucionar la despoblación. Si hubieran bastado, no habría sido necesaria la Ley 45, y si esa ley se hubiera puesto en marcha de forma decidida, posiblemente hoy no estaríamos hablando de despoblación.

Fuente: Diario Rural. Autor José Luis Peralta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación