El Gobierno publicó a principios de mayo el borrador del nuevo plan nacional de adaptación al cambio climático (Pnacc), que se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, presentado esta semana.

Los efectos del calentamiento global sobre la península Ibérica son claros: para finales de siglo se espera que la proporción de días cálidos se incremente hasta en un 50 % y que, a corto plazo, el nivel medio del mar suba entre 17 y 25 centímetros.

Aumentarán las temperaturas máximas y mínimas, siendo el calentamiento más intenso en el interior y el este que en el norte, al tiempo que habrá más sequías y menor disponibilidad de agua, con el consiguiente impacto en la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

Esas actividades se incluyen en los 18 ámbitos de trabajo definidos en el nuevo plan, el cual insta a mitigar los riesgos derivados del cambio climático y evaluar mejor los que recaen sobre los principales tipos de cultivos, especies ganaderas y pesquerías.

¿Sostenibilidad rentable?

“Hay que quitarse la idea de que la sostenibilidad significa renunciar a la rentabilidad”, afirma a Efeagro el responsable de Sostenibilidad de la consultora KPMG en España, Ramón Pueyo.

Si hace años los riesgos sociales y ambientales “apenas aparecían en el radar” de los inversores, hoy en día muchos dan por hecho que los mayores riesgos para la economía están relacionados con las desigualdades y las amenazas sobre el medioambiente.

Pueyo hace un llamamiento a tomar conciencia y actuar tanto en el terreno de la adaptación como en el de la mitigación para cumplir con el Acuerdo de París de cambio climático, firmado en 2015 y ratificado actualmente por 189 países.

El borrador del plan nacional destaca la importancia de reforzar la financiación de políticas y medidas de adaptación con instrumentos como la Política Agraria Común (PAC) o la Política Pesquera Común, incluyendo los pagos directos a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

A falta de que culminen las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario, se espera que a partir de 2021 los países de la Unión Europea destinen al menos el 40 % de la dotación de la PAC a objetivos medioambientales y climáticos.

Ricardo Pedraz, experto en finanzas sostenibles de AFI (Analistas Financieros Internacionales), considera, que sin conocer todavía el reparto, resulta “difícil” estimar cuántos fondos se destinarán a las líneas del plan de actuación.

Califica de “compleja” la tarea de canalizar los flujos privados hacia las actividades de adaptación, que buscan mejorar la resiliencia.

“Todas esas actuaciones no generan ingresos, no crean una nueva producción más sostenible que genere nueva demanda, sino que son costes que ayudan a sostener la demanda actual”, argumenta.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión en eficiencia energética para soportar temperaturas más altas en una fábrica o con la construcción de acequias para disponer de agua en periodos secos.

Recursos públicos y privados

El plan de adaptación hace alusión a la necesidad de fomentar el papel del sistema financiero y la actividad aseguradora en ese ámbito, favoreciendo la colaboración entre los agentes.

Según Pedraz, el sistema de seguros agrarios en España “funciona relativamente bien” para la cobertura de daños, pero no suele promover la financiación en adaptación climática, por lo que los fondos europeos y el gasto público deberían servir de “incentivos” para la inversión privada.

Otras ayudas disponibles son las del Fondo Social Europeo Plus, que se pueden utilizar para financiar medidas de formación; del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para dedicarlo a la economía verde; y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para diversificar las pesquerías y reducir la vulnerabilidad.

El Banco Europeo de Inversiones también proporciona asesoría técnica y financia proyectos climáticos, como los destinados a la gestión eficiente del agua o la protección del suelo.

Para el director ejecutivo de la Alianza global para una banca con valores (GABV), Marcos Eguiguren, resulta importante “simplificar las normativas y eliminar burocracia que permita ir a la esencia del papel que debe tener el sector financiero y asegurador en esa adaptación al cambio climático”.

Aboga por “relajar y mejorar” las condiciones para que el sector preste y asegure a los proyectos y empresas que se sumen al Pnacc, entendiendo que los proyectos que se ajustan al plan “incorporan intrínsecamente menores riesgos financieros”.

Con un sistema de regulación, incentivos y planes de acción empresariales “claros”, Eguiguren afirma que el sistema financiero y asegurador podría dar un “apoyo fundamental” para esa transición.

Fuente: EFEAGRO