Esto es lo que necesita la España vaciada para dejar de serlo

Comparte esta noticia

La Coordinadora de la España Vaciada ha presentado un documento en el que detalla lo que necesita el mundo rural para luchar contra el despoblamiento.

Las organizaciones participantes en la Coordinadora de la España Vaciada han publicado hoy las medidas que necesitan los pueblos para salir de la crisis en las que se hallan inmersos.

El documento explica las exigencias de las organizaciones organizadoras de la revuelta de la España vaciada en materia de equilibrio territorial, brecha digital e infraestructuras, servicios, economía, vivienda, seguridad e incluso empoderamiento y cambio de imagen de la vida en los pueblos.

El texto pretende ser una referencia para que los partidos políticos aborden el “necesario Pacto de Estado frente a la Despoblación”, han explicado desde la coordinadora de la España vaciada. Su esperanza: que sus reivindicaciones sean por fin atendidas y se ejecuten de una vez las medidas para solventar esta grave situación que les afecta.

Medidas que exige la Coordinadora de la España Vaciada para luchar contra el despoblamiento

1. Reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial en España

Indicadores como la constante pérdida de población que sufre buena parte del medio rural, su paulatino envejecimiento, la perdida de tejido empresarial o la pérdida de servicios esenciales para el bienestar de la población, no hacen sino poner de manifiesto que las actuales políticas de reequilibrio y cohesión territorial no son lo suficientemente eficaces como para reducir la brecha social y económica que separa al medio rural ‐especialmente aquel que padece desventajas naturales y demográficas graves y permanentes‐, del urbano. Entendemos, por lo tanto, que el rediseño de estas políticas debe ser considerado una de las prioridades de toda política de cohesión territorial, ordenación del territorio y, por ende, de lucha contra la despoblación, de aquí en adelante; y para tal fin, proponemos se tome en consideración lo siguiente:

a. Definición del concepto de zonas despobladas. En la actualidad, tanto la Unión Europea como el Estado Español consideran zonas escasamente pobladas (ZEP) siguiendo aquellas unidades administrativas que presentan, a escala NUTs II y III densidades de población inferiores a los 8 y 12,5 habitantes/km2 respectivamente. Este criterio, meramente cuantitativo y únicamente fundamentado en la ratio de habitantes por unidad de superficie, resulta insuficiente para mostrar la realidad del problema estructural al que se enfrenta buena parte de la España rural de interior. Primeramente, porque excluye de tal consideración a territorios que, sin alcanzar estos umbrales, sufren igualmente graves dificultades sociales, económicas y demográficas vinculadas a su carácter rural. En segundo lugar, porque en el seno de los territorios considerados en la actualidad como ZEP, también se observan importantes diferencias en materia de dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras, oportunidades y potencialidades económicas, dinámicas sociales y, por supuesto, tendencias demográficas. Por todo ello, parece necesario reclamar que las nuevas políticas de regeneración del medio rural deben de apoyarse en una definición de ZEP mucho más compleja y multidimensional que la actual, asumiendo parámetros sociales y económicos capaces de dar respuesta a ese concepto de “grave” al que alude el artículo 174 TFUE‐, que contemplen también la dimensión temporal ‐respondiendo en este caso a ese carácter “permanente” destacado en el citado artículo‐, y finalmente, que a partir de nuevas escalas de análisis como la municipal (LAU2) o la comarcal, permita a las administraciones identificar las múltiples singularidades que presenta el territorio y con ello, adoptar medidas concretas más eficaces y justas, desarrollando medidas de discriminación positiva.

Debe, como se ha dicho, tenerse en cuenta además del ratio territorio/habitante otros parámetros esenciales como la dimensión temporal histórica en la pérdida de población que acredite el problema grave y permanente; la escasez de servicios básicos y la insuficiente dotación de infraestructuras de todo tipo, insuficientes equipamientos, oportunidades, así como potencialidades económicas y sociales. La definición del concepto y escala de análisis más apropiada, y también la de intervención, no deben utilizarse, en modo alguno, como excusa que demore la inversión reequilibradora, que debe efectuarse de manera urgente, utilizando de momento la escala que ya este reconocida por la legislación y estadística de la Unión Europea

b. Distribución de fondos económicos. Alcanzar la cohesión, sostenibilidad e integración de los territorios rurales sometidos a una crisis estructural grave y permanente pasa, necesariamente, porque las políticas diseñadas a tal efecto disfruten de los fondos económicos suficientes y sostenidos a lo largo del tiempo. Para ello resulta imprescindible no solo una modulación de las asignaciones presupuestarias que priorice a aquellos territorios considerados donde la crisis estructural se demuestre más intensa, sino también, que todos los fondos destinados al desarrollo del medio rural, en general, tengan un carácter finalista. Además los fondos estructurales europeos deberían asignar montantes económicos concretos para luchar contra la despoblación. Dicha financiación y fiscalidad deben ser, en su importe global, similares al menos al de aquellas regiones que se rigen por el Estatuto de Región Ultraperiférica, como hemos mencionado.

 

Entendemos que es imprescindible que la inversión destinada a paliar las dificultades a las que se enfrenta el medio rural se destine, única y exclusivamente, a ese fin y a estas zonas. Para ello entendemos como necesario establecer los oportunos mecanismos de control sobre su uso efectivo en medidas concretas inequívocamente concebidas para abordar los desafíos socioeconómicos a los que se enfrentan las zonas más castigadas por la despoblación.

  • Constitución de agencia/s de desarrollo territorial. Constitución de una agencia o de agencias, según el ámbito de implementación, de desarrollo territorial, siguiendo el modelo existente en las Tierras Altas de Escocia, especializadas en el desarrollo de las áreas demográficas y económicamente más frágiles que cumplan la función de administrar, planificar, ejecutar y monitorizar las estrategias y acciones. Integrando toda la actividad de los agentes económicos y sociales que trabajan en las zonas rurales de las áreas escasamente pobladas y con desventajas graves y permanentes. Estas agencias deberían gozar de una gran autonomía no solo organizativa sino también en cuanto a su funcionamiento ordinario, es decir, una organización autónoma y despolitizada, con planificación a medio y largo plazo; con presencia y acción sobre el territorio; actuando en permanente cooperación con otros actores públicos y privados; monitorizando las acciones y su evaluación posterior en términos de eficacia, responsabilidad y control.
  • Estas agencias, además, podrían encuadrar en su actividad a los grupos Leader de acción local, eliminado toda vinculación política y aportándoles un marco estratégico de referencia, liberándolos de su carga burocrática y potenciando su papel como dinamizadores del emprendimiento en el territorio para asegurar una mayor eficiencia, eficacia y efectividad de su labor
  • Ley 45/07 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Abordar con éxito la problemática que sufren estas zonas no solo exige partidas presupuestarias acordes al reto, sino también, e incluso por encima del dinero, una acción política decidida. En mayo de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción por la cual «El Congreso de los Diputados renueva el compromiso unitario de las fuerzas políticas por la revitalización e impulso de aplicación de la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, considerando que una política para enfrentar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación debe estar enmarcada en el desarrollo y aplicación de una política de estado para el desarrollo rural sostenible”. Nos sumamos a aquellas entidades, organizaciones y colectivos que, como la Red Española de Desarrollo Rural, el Foro de Acción Rural, El Consejo Económico y Social de España, la Red SSPA, o la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros, vienen reclamando recuperar, de forma efectiva y realizando las adecuaciones oportunas, la citada Ley, entendiendo que este paso es determinante para impulsar definitivamente la perspectiva integral que debe guiar una acción política exitosa en materia de lucha contra la despoblación.
  • Descentralización de las sedes de órganos de la Administración y empresas públicas. La Administración central y la autonómica, a cuya actuación es exigible un carácter demostrativo y ejemplarizante, deben evidenciar con los hechos su apuesta por un nuevo modelo de equilibrio y cohesión territorial tanto en el ámbito autonómico como en el estatal. Uno de los principales gestos, con amplia repercusión simbólica pero también económica para las pequeñas ciudades receptoras, debe ser la descentralización de las sedes de muy diferentes órganos de la Administración central y de las autonómicas, así como de las empresas del Sector Público. Esta circunstancia, a su vez, ayudará a acelerar la implantación de las tecnologías de telecomunicación y a mejorar las infraestructuras de comunicación físicas.

2. Priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones

La crisis funcional que sufren las zonas más despoblados del país es, en grandísima medida, consecuencia del atraso que en materia de infraestructuras vienen acumulado estos territorios a lo largo de décadas, por el continuo incumplimiento por el Estado de su propia planificación en materia de infraestructuras carreteras y ferroviarias.

Así lo han puesto de manifiesto numerosos estudios de historia económica, y recientemente la tesis doctoral “Valoración de las transformaciones territoriales en la España peninsular mediante el estudio de la red viaria, indicadores de accesibilidad y de potencial de población», Premio CESA 2017, que analizando la red viaria peninsular desde finales del S.XIX, ha comprobado y demostrado científicamente que “los sistema de transporte y comunicación son uno de los principales factores de desarrollo territorial (…), siendo la accesibilidad esencial”. Las zonas desfavorecidas responden a la existencia de una red viaria desequilibrada, que aunque en muchas ocasiones es en parte debido a la difícil orografía de amplias zonas de la península, también responden a la demora en la ejecución de las actuaciones estructurantes y de cohesión previstas por los planes desde hace varias décadas. Esta situación potencia la polarización de las actividades en las zonas con excelente accesibilidad viaria, provocando una reorganización funcional de los espacios metropolitanos y regionales.

Ya en 1993, Sánchez Moreno crítica sobre el Plan Director de Infraestructuras del momento que no valoró los espacios en los que era imprescindible considerar ciertas inversiones como prioritarias por su factor social “por encima de valoraciones de corte económico” y que “en todo caso, no se puede contribuir desde las Administraciones Públicas para que por omisión vayan desertizándose”.

Pese al notable avance de la accesibilidad viaria en España durante las últimas décadas, perviven inercias heredadas que no logran articular el espacio y lograr una auténtica convergencia y cohesión territorial. El ejercicio de la planificación debe tener en cuenta objetivos reales de equidad y cohesión que, al menos, doten de un escenario de competitividad más justa que el actual.

Sin unas adecuadas condiciones de base a partir de las que impulsar su desarrollo socioeconómico futuro ‐y tanto las infraestructuras tradicionales como las nuevas tecnologías son dos de esas condiciones imprescindibles‐, ningún territorio es capaz de resultar competitivo en el contexto global. A este respecto, y con el objeto de paliar el actual retraso en materia de infraestructuras y telecomunicaciones que hipoteca el futuro de estas zonas, exigimos:

  1. Accesibilidad a los servicios básicos. Uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en materia de infraestructuras de transporte debe ser el de garantizar que todo ciudadano ‐independientemente de cual sea su lugar de residencia‐, disfrute de una accesibilidad a los servicios básicos sanitarios, educativos, sociales y de seguridad ciudadana equivalente a un desplazamiento igual o inferior a los 30 minutos. Adquieren así interés las comarcas, como territorios funcionalmente homogéneos susceptibles de una ordenación con uno o más centros principales de servicios al alcance de todos los núcleos de población cercanos y éstos como asentamientos secundarios que pueden albergar también algunos de los servicios comunes. Esa dispersión aconseja la elaboración de planes de movilidad sostenible para los desplazamientos interiores en cada una de ellas, que deberán responder a la realidad geográfica y poblacional de las localidades y cuya eficacia ha de evaluarse en términos de coste, tiempos de desplazamiento, utilidad y sostenibilidad ambiental.

Por supuesto, otros aspectos de la gestión comarcalizada de servicios pueden generar ventajas y economías de escala que reducirían la brecha existente entre las posibilidades del medio urbano y las actuales limitaciones de las zonas rurales y, por ello, deberían formar parte de las estrategias de desarrollo rural.

  • Accesibilidad a la red viaria de alta capacidad. En cuanto a la movilidad exterior, ha de garantizarse un rápido acceso a los corredores de altas prestaciones (capacidad y velocidad) que conectan con las comarcas vecinas, ciudades y grandes centros de servicios y nodos de comunicación (aeropuertos, plataformas logísticas). Debe recuperarse el objetivo que previa el PEIT 2005‐2020 del Ministerio de Fomento, de forma que la mayor parte de las localidades españolas queden a menos de 30 km. de una autovía.

Debe priorizarse la ejecución urgente de aquellas infraestructuras, ya recogidas en el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012‐2024), que afectan a estos territorios, tendiendo a transformar el actual esquema carretero radial en una red mallada que garantice una adecuada accesibilidad a las zonas que ahora carecen de ella. En relación con ello, debe optarse por la ejecución de nuevos corredores alternativos interiores, que a su vez vertebrarían las zonas actualmente aisladas, en vez de por la duplicación de la infraestructura en los corredores saturados.

Debe redactarse un nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte estatal que, subsanando los errores cometidos en las últimas décadas, busque restablecer el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades en el acceso a dichas infraestructuras, teniendo como objetivo prioritario en su ejecución el dotar de la accesibilidad física necesaria a los amplios territorios hasta ahora en abandono institucional.

En línea con los compromisos adquiridos por la Unión Europea debe apostarse también por el ferrocarril, convencional pero con velocidades competitivas, de uso mixto para pasajeros y mercancías, público y social, que es el que de verdad vertebra el territorio. Debe abandonarse la actual concepción de la alta velocidad española (AVE) basada únicamente en la relación origen‐destino, sin prestar servicio a los territorios intermedios que atraviesa, mientras absorbe la mayor parte del presupuesto ferroviario.

  • Conectividad y telecomunicaciones. Consideramos imprescindible que las diferentes administraciones implicadas en el diseño e implementación de las políticas en materia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación adquieran el compromiso de fijarse como objetivo prioritario la conectividad del territorio, y no de las personas. Solo así, primando al territorio, es posible garantizar un acceso universal y, por lo tanto, al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan o de donde se encuentren puntualmente, tengan acceso a una tecnología digna, equiparable a la que se tiene en el medio urbano. Para ello entendemos como fundamental que el Estado refuerce sus funciones como garante de los derechos de los ciudadanos en esta materia, interviniendo para paliar los fallos de mercado que actualmente se producen en el sector de las telecomunicaciones y que terminan traduciéndose en la discriminación hacia una parte importante del territorio, de su población, y de aquellos que lo visitan.

Las zonas escasamente pobladas deben ser prioritarias en la implantación del 5G, pues si lo que llega es tecnología ya superada, será imposible alcanzar de facto a las zonas más desarrolladas. En esta cuestión vital, hay que ser conscientes de que la brecha tecnológica hace más pobres a los ya pobres.

3. Impulso a la Actividad Económica

Un análisis más allá de las paradojas estadísticas que muestran algunos de los indicadores macroeconómicos de uso más frecuente, que otorgan mayor índice de riqueza cuanta más población pierdes, como el Producto Interior Bruto (PIB), la renta per cápita o las tasas de desempleo, no hace sino poner de manifiesto que la estructura de la economía en la España Vaciada está sumida en una atonía, en un letargo que acrecienta, día a día, la brecha entre el medio urbano y el rural. Consideramos que, sin empresas suficientemente dinámicas y, por lo tanto, capaces de innovar y de adaptarse con éxito a las exigencias del mercado global; sin actividades económicas diversificadas que generen valor añadido y empleo ‐no solo suficiente, sino también de calidad‐, sin una política económica que reconozca las particularidades del medio rural y sea capaz de reequilibrar el territorio, la viabilidad del medio rural menos poblado ‐no solo en lo económico, sino también en lo social y lo demográfico‐, queda seriamente en entredicho. Un territorio que no ofrece oportunidades laborales en sintonía con el contexto socioeconómico actual es un territorio incapaz de mantener y atraer población, y por lo tanto, condenado. Por ello, destacamos como medidas prioritarias aquellas que entendemos pueden contribuir a la modernización y diversificación de la estructura económica de los territorios escasamente poblados:

  • Cargas administrativas, normativa y legislación. Reducir las cargas administrativas necesarias para la puesta en marcha de iniciativas económicas y empresariales, adecuando los trámites a la realidad del medio rural y garantizando un acceso eficaz de los emprendedores rurales a los servicios de ventanilla única de las diferentes administraciones. Adecuación de la normativa y la legislación, introduciendo las modificaciones necesarias para que ésta tenga en consideración la realidad socioeconómica del medio rural y deje de resultar un hándicap añadido para el fomento de las actividades económicas y el emprendimiento.
  • Política impositiva, Seguridad Social, contratación. Establecimiento de un paquete de medidas especiales destinadas a facilitar el desarrollo de las actividades empresariales en estas zonas , como se detalla en el informe ̈Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España ̈, que incluya:
    • Deducciones en los impuestos de actividades profesionales y empresariales, según los regímenes de ayuda de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014‐2020 aplicadas a la fiscalidad, como el impuesto de sociedades para las pymes y el IRPF para los autónomos.
    • Búsqueda de fórmulas de exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.
    • Incentivos económicos a la contratación como la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
    • Reducción del IRPF para los residentes en las zonas escasamente pobladas, de cara a atraer y retener talento.
    • Fomento del autoempleo.
  • Rebaja de la fiscalidad en materia catastral.
  • Esta fiscalidad, en su repercusión global, debe ser al menos similar a la de aquellas regiones que se rigen por el Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP), como es Canarias en nuestro caso.
  • Incentivos a la modernización de la economía. Creación de un programa específico de fomento, diversificación y crecimiento inteligente de la actividad económica que incluya servicios profesionales de asesoramiento y acompañamiento, así como fondos y líneas, específicas para la despoblación, de financiación preferentes provenientes tanto de la administración central como de las Comunidades Autónomas y de fondos europeos, con la participación de los agentes sociales y representantes de la sociedad civil de cada territorio, con la utilización integrada de los Fondos Estructurales Europeos.
  • Financiación y sistema bancario. Reforzar el papel social y territorial que desempeñan cooperativas de crédito como las Cajas Rurales, así como introducir las regulaciones necesarias para que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios bancarios y financieros. Promover la creación de créditos blandos y avales, con condiciones más ventajosas, específicamente dirigidos a proyectos empresariales surgidos en estas zonas y de líneas específicas de apoyo financiero en programas como el programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización.
  • Reforma del sector agrario. Reorientación de la Política Agraria Común hacia principios sociales y territoriales donde se primen las explotaciones familiares, los activos agrarios a título principal frente a otros perceptores de ayudas, se favorezca la incorporación de los jóvenes y las mujeres a la actividad y a la tierra, y ayudas al mantenimiento y conservación de los espacios naturales. Priorizando la modernización y el aumento de la competitividad de las pequeñas empresas y explotaciones a través del cooperativismo, la transformación, el I+D+i, el apoyo a nuevas estrategias de marketing tales como sellos y marcas de calidad territorial y la comercialización y distribución directa. Fomentando la transformación del producto agrícola o ganadero, buscando un mayor valor añadido de los mismos.
  • Capacitación profesional. Creación de un programa específico de formación y capacitación profesional para la población residente en las zonas escasamente pobladas orientado tanto a empresarios como a emprendedores y ocupados, fomentando especialmente el liderazgo en esas zonas.
  • Economía social. Desarrollo efectivo de la Estrategia Española de Economía Social 2017‐2020. A este respecto, consideramos que el texto aprobado en marzo de 2017 contempla de forma parcial la cuestión de la despoblación y el papel que la economía social puede llegar a desempeñar en la revitalización social y económica de estas áreas. Incentivar modelos de economía social en el medio rural menos poblado puede constituir una gran oportunidad para el desarrollo. El desarrollo de los mercados locales, comarcales y de proximidad en el ámbito de la agricultura, los productos transformados y las empresas de servicios sociales pueden ser de extraordinaria importancia.
  • Equi‐distribución de beneficios y cargas. Extensión del principio de equidistribución de beneficios y cargas recogido en la legislación urbanística a un ámbito territorial estatal, de forma que se valore, y se compense económicamente, lo que la España vaciada, que soporta las cargas, aporta a la España superpoblada, que obtiene el beneficio.
  • Compensación de la captación de CO2. Un ejemplo evidente de lo anteriormente expuesto. La mayor parte de la absorción del exceso de emisiones de CO2 a la atmósfera tiene lugar en las zonas rurales más despobladas, mientras que contaminan las ciudades más poblabas. Consecuentemente, se deberían buscar fórmulas que compensen esa aportación y reviertan en positivo en estas zonas.
  • Responsabilidad Social Corporativa Territorial. Introducción del concepto de Responsabilidad Territorial en la Responsabilidad Social Corporativa, introduciendo en las líneas de actuación de la RSC de grandes empresas (públicas o privadas) la inversión en las zonas escasamente pobladas, como elemento impulsor de un desarrollo inteligente, sostenible e integrador. Entre las diferentes medidas que se pueden realizar dentro de esta línea, un ejemplo es la incorporación de la RSCT como criterio diferenciador a valorar en los pliegos de condiciones de contratación pública.

4. Servicios a la población y vivienda

Si bien entendemos que una buena dotación de servicios básicos para la población no son por sí mismo suficientes como para garantizar el mantenimiento o la atracción de población a las zonas escasamente pobladas, consideramos que frenar la despoblación del medio rural español pasa, en buena medida, porque el conjunto de la población, ya sea esta rural o urbana, perciban que la calidad de vida en el medio rural es al menos equiparable a la de los territorios más densamente poblados, y que vivir en un pueblo no implica automáticamente tener que renunciar a unos servicios educativos, sanitarios o sociales suficientes y de calidad. Para ello, y porque el acceso a unos servicios públicos de calidad es un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de dónde residan, las futuras políticas de desarrollo rural y lucha contra la despoblación deben incluir las siguientes propuestas:

  1. Cartera de servicios públicos rurales. Definición de una cartera de servicios sanitarios, educativos y asistenciales universales, así como de seguridad, para toda la población que reside en estas zonas, equiparable en términos de accesibilidad y calidad ‐por lo tanto, de cobertura‐, a la del resto de la población y territorios.
  2. Financiación del gasto social. Para que esta cartera sea efectiva es necesario garantizar fondos económicos suficientes destinados al gasto social en el medio rural, incluyendo en los criterios de financiación autonómica factores correctores vinculados a la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica de la población.
  3. I+D+i en materia de servicios a la población. Impulso, tal y como viene haciéndose en otras zonas despobladas del norte de Europa, de la investigación e implantación de nuevas fórmulas de prestación de servicios a la población, tales como la e‐health o la teleasistencia, transporte, catering y demás servicios a domicilio a los mayores, amparadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
  4. Incentivos profesionales. Habitualmente las plazas profesionales ofertadas en el medio rural por el sistema público sanitario, asistencial, o educativo son las últimas en cubrirse, llegando a darse el caso, especialmente en el sistema sanitario, de no ocuparse nunca o hacerlo por profesionales llegados de otras especialidades. Además, la rotación constante de profesionales afecta, innegablemente, a la calidad de los servicios. Al margen de posibles incentivos económicos para aquellos profesionales que se asienten de forma duradera en el medio rural, creemos que no existe mayor incentivo que la oportunidad de crecer en su carrera profesional. Para ello, y en la línea del punto anterior, el medio rural más despoblado debería de convertirse un referente en materia de investigación aplicada, resultando un destino atractivo para muchos profesionales de campos como la educación, la sanidad o el cuidado de la población mayor.
  5. Seguridad. Las áreas escasamente pobladas del mundo rural han visto en los últimos años lo que puede denominarse como paulatino desmantelamiento de la presencia de Estado, en especial de las fuerzas de seguridad públicas con el cierre de cuarteles y la progresiva disminución de efectivos. Dicha situación debe ser revertida de inmediato, tanto por el cumplimiento de uno de los principales derechos del ciudadano, como por el carácter des‐incentivador para el asiento de la población, al transmitir la idea de que “hasta el Estado abandona” estos territorios.
  6. Vivienda. La repoblación e incluso el mantenimiento de la población existente requiere que se facilite el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. En estas áreas, el mercado es, por lo general, insuficiente e ineficiente. Debe incentivarse la rehabilitación del parque de vivienda con ayudas, que pueden estar vinculadas a la condición de su puesta en alquiler, permitiendo configurar, si se desea, una Bolsa de alquiler de gestión pública. Las políticas de vivienda deben diseñarse a partir de la realidad del territorio y no ser uniformes.

5. Empoderamiento y cambio de imagen

Tan importante como la reformulación de las actuales políticas de reequilibrio y cohesión territorial, las infraestructuras viarias y de telecomunicación, ofrecer oportunidades laborales en sintonía con el contexto socioeconómico actual y una buena dotación de servicios básicos, es la percepción de la cultura rural. La percepción de falta de oportunidades para poder vivir, trabajar, invertir y crecer en estas zonas es un elemento que se debe tener en cuenta al elaborar una estrategia de desarrollo territorial, con la finalidad de cambiarla

Décadas de desprestigio de la vida en los pueblos frente al atractivo de la ciudad desde los tiempos del desarrollismo en la segunda mitad del siglo XX han minado fuertemente la autoestima de los habitantes del medio rural, que frecuentemente animan a sus hijos a educarse para buscar una salida profesional y una vida en la ciudad. Hoy día, a pesar de todo, hay que seguir explicando en las ciudades que en los pueblos las condiciones de vida también han mejorado mucho con respecto a los duros tiempos del pasado y que existen dinámicas innovadoras que contrarrestan en muchos casos el inmovilismo que también existe en algunas comunidades rurales. Así pues, las estrategias de desarrollo rural deberían incorporar los factores psicológicos y de imagen de lo urbano y lo rural entre sus medidas de acción: dirigidas a las gentes del medio urbano potencialmente interesadas en llevar a cabo proyectos de vida personal y profesional en el medio rural y a quienes hayan de recibirlos como nuevos vecinos en sus pueblos y facilitar su asentamiento y adaptación. Estas campañas también han de favorecer el cambio en la representación de la propia imagen de lo rural, sin edulcorar la realidad, pero reemplazando paulatinamente el pesimismo, la baja autoestima individual y colectiva y la falta de ilusión en el futuro por sentimientos y actitudes positivas.

Un factor importante a tener en cuenta es el del papel de la población vinculada, verdadero puente entre lo urbano y lo rural y que puede jugar un papel fundamental en la dinamización de los pueblos. Muchos desplazamientos ocasionales y de temporada (que tienen un valor en sí mismos, a pesar de todo) a veces se convierten en estancias largas o definitivas y, a través de ellas, surgen dinámicas de innovación, emprendimiento, atracción de otros pobladores, apoyo a proyectos de interés para la comunidad, etc. Es necesario romper con la rigidez del padrón municipal a la hora de valorar la verdadera cuantía del capital social de cada pueblo, incorporando para ello en el cómputo a la población vinculada. Saber aprovechar las oportunidades de contar con estas personas también ha de formar parte de toda estrategia de regeneración rural.

Debe potenciarse el sentimiento de pertenencia, el arraigo en el territorio, para dinamizar la actividad económica, a través de iniciativas de innovación y de emprendimiento social.

Transmitir de manera diferente la realidad y las ventajas que ofrecen las áreas rurales, fomentado el tratamiento de esta materia en las aulas, así como su imagen en los medios de comunicación.

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

ER-0930/2013
GA-2013/0384
ER-0930/2013
  • Edificio Metropol 1, C/ Industria, nº 1, 3º Módulo 20
    41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
  • 954 769 722 | 618 212 064

Financia

Entidades colaboradoras