La creación de la secretaría para el Reto Demográfico, que dirige Boya, supone un cambio de paradigma en las políticas de cohesión territorial y afronta el desafío de revertir procesos que llevan décadas en marcha.
Francesc Boya (Lés, Val d’Aran, 1960) es el heraldo de la España rural en el Gobierno, desde la secretaría general para el Reto Demográfico, un departamento que tiene la responsabilidad de generar y supervisar políticas transversales que faciliten el reequilibrio territorial. Boya, fundador del partido Unidad de Aran integrado en el PSC desde mediados de los noventa, fue síndico de Arán entre 2007 y 2011, y de nuevo entre 2019 y 2020, y ha sido diputado en el Parlament de Catalunya y concejal en Lés. Conocido como Paco Boya, también es escritor, uno de los más destacados en occitano aranés.
Tengo que preguntarle sobre la definición de su departamento ¿Qué es “reto demográfico”? Es decir ¿cuál es específicamente el reto: revertir el éxodo, desarrollar los territorios…?
Es la expresión que ilustra un problema con distintas raíces y que se evidencia en la demografía como una descapitalización de los territorios desde el punto de vista de la densidad poblacional, pero no solo en términos numéricos sino también en desequilibrios de oportunidades, de edades, de género. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de cohesión territorial, cohesión social y de reto democrático. Porque hablamos de la necesaria igualdad de derechos y oportunidades y cómo implementarla en territorios que son incapaces de dar estas oportunidades para contrarrestar un éxodo poblacional de dimensiones importantes.
¿Cómo funciona la dialéctica entre reto demográfico y transición ecológica, que están unidas en la cartera ministerial? Porque hay quienes viven conflicto entre los derechos de los territorios y las necesidades aceleradas de transición energética.
Estamos recorriendo un camino de tensiones, entre las ciudades y el mundo rural. Pero es importante que, si hablamos de las dificultades de la ruralidad, también debemos hablar de las dificultades de la aglomeración. Cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental también es importante considerar el concepto de funcionalidad territorial. Son elementos que deben compaginarse. Y hablamos también de competitividad y oportunidad económica, que también está en tensión. Y en esas tensiones hay que encontrar un camino transitable que aúne lo mejor de cada ámbito. En este sentido que el reto demográfico esté en el ámbito de la transición ecológica tiene un mensaje muy profundo que apela a cómo queremos habitar nuestro país, cómo queremos habitar el planeta. Esto tiene que ver con transición ecológica y cómo la economía de la aglomeración está consumiendo muchísimos recursos del planeta, las ciudades consumen 75% de los recursos. Debemos buscar otras formas de habitar y eso implica recuperar una nueva funcionalidad del territorio rural como un espacio donde realmente se puedan mitigar estas externalidades de las ciudades.
La transición ecológica ya era perentoria, pero se ha visto acelerada por los requisitos de los fondos de recuperación y por el objetivo de reducir la dependencia energética en el marco de la guerra. Una tormenta perfecta que amenaza con aplastar el medio rural bajo bosques de molinos y granjas solares.
Es verdad que hay una urgencia. El cambio climático nos está ahogando, por así decir, tenemos un problema y sabemos científicamente cómo combatirlo. Es evidente que cambiar de modelo energético implica tensiones, que son razonables, y en las que todo el mundo tiene su parte de razón. El mundo rural no quiere ser un territorio granero, y tiene toda la razón, y al mismo tiempo el Gobierno tiene que cumplir la responsabilidad de hacer posible este cambio. Creo que esto está entendido, pero entenderlo no significa que libere todas las tensiones. Pero sí se ha entendido que el hecho de que un territorio vaya a recibir el impacto de las renovables tiene que garantizar que ese territorio ha de ser un territorio de oportunidad, y eso tiene traslado al marco normativo. De manera que las empresas que tengan energías renovables en un territorio concreto y que tengan que acceder a un nudo de conexión van a tener, y así lo explicita el real decreto que verá la luz en muy poquito tiempo, que garantizar el retorno que esa actividad económica tenga en ese territorio. Por la mejor socioeconómica que representa. Y por el fomento de esa energía del autoconsumo y las comunidades energéticas locales, que deberán disfrutar un plus de conectividad para que puedan ser viable. Debemos ir buscando este equilibrio y el ministerio está adaptando esos marcos normativos para que no solo sea una oportunidad económica, que está bien, sino para que la gente del ámbito puedan vivirlo como oportunidad para tener energía accesible y retener talento.
Una queja constante de estos territorios y de las organizaciones de España Vaciada es que se siguen suspendiendo servicios de trenes que vertebran comarcas y dan sentido al territorio. ¿Cómo se combaten estas inercias? ¿Esta secretaría tiene que pelearse con todos los ministerios?
Esta secretaría de Estado lo que tiene que hacer es mucha pedagogía. Pero tampoco tenemos libros bancos sobre cómo recuperar el territorio rural, y los problemas demográficos y funcionales de los territorios. Y en Europa no hay ejemplos de características parecidas a las nuestras. Es interesante en esto entender cómo hemos construido una gobernanza en este sentido. En el caso de los trenes, las administraciones intentan ser eficientes, velan por el buen uso del dinero público, y deben hacerlo, pero eso a veces entra en colisión con elementos como la movilidad, el transporte, con la existencia de trenes que son muy deficitarios pero que están cumpliendo un papel de servicio público. En nuestro nuevo modelo de gobernanza hemos creado una mesa de la movilidad rural con las comunidades autónomas que ejerza de filtro y nos permite hacer algo que no hacían las administraciones. Para que, por ejemplo, ante un tren poco eficiente en términos de viajeros podamos estudiar qué alternativas hay. Y ese dinero que una administración se aborda cómo puede reinvertirse el dinero que se ahorra al suspender un tren menos eficiente en otra movilidad más inteligente y más adaptable a la realidad de esos territorios. Ya no se trata de decir cierro un tren ineficiente y me desentiendo del problema, sino que nos hacemos cargo, y estamos generando un catálogo de buenas prácticas y una diagnosis de los distintos territorios para ver dónde tenemos esos problemas de vulnerabilidad, en por ejemplo territorios muy remotos no conectados con los grandes ejes de movilidad. En este sentido este ejercicio va a ser muy interesante y nos va a dar otra mirada sobre la movilidad rural.
La gente de la España rural ve cerrarse las escuelas, lo apeaderos, los cuarteles, las oficinas de la administración y perciben que el Estado se va. Esta marcha crea sensación de abandono.
Hay una parte de razón en este argumento, no se puede negar la evidencia de lo que pasa, pero esto también obedece a la evolución política del país y al reparto de los marcos competenciales. Y es verdad que hasta ahora el Estado no había tenido una visión de lo que significaba la cohesión territorial y social, y por tanto tampoco había políticas específicas para combatir esa situación. Lo que debemos hacer ahora es empezar a entender que el Estado no es algo abstracto, que está en un sitio indefinido dentro de la M30, sino que son toda una serie de instituciones que tienen que estar en pie de igualdad de los territorios. Por eso defiendo que debemos empoderar a las administraciones locales, y debemos trabajar codo con codo con las Comunidades Autónomas, y lo estamos haciendo. Porque devolver la funcionalidad a los territorios y mejorar el reto demográfico de estos territorios solo lo conseguiremos si somos capaces de articular política multinivel en la que el papel del Estado es muy importante, sí, pero casi lo es más el liderazgo del alcalde y las herramientas que tenga en ese pueblo para poder revertir esa situación. En un momento en que la digitalización nos está abriendo enormes posibilidades hay que procurar que el Estado vuelva a estar presente en esos territorios, y al mismo tiempo, Estado y Comunidades autónomas articulen políticas palanca para que esa comunidad local tenga posibilidades de cambiar el horizonte de futuro del municipio. Esa es la forma de recuperar esos espacios, además de algunas iniciativas como el proceso de desconcentración de centros estatales, que han ido a Soria, Cuenca, Talavera de la Reina, Zamora… Ese proceso de desconcentración es la forma más clara de ilustrar que empezamos a entender el Estado de otra manera y no de la forma radial que se ha entendida durante muchas décadas.
¿Será algún día el reto demográfico una política que informe todas las demás, como ya ocurre con las políticas de género?
Yo creo que sí. Estos modelos van a ir llegando también por lo heterogéneos que son los territorios y todas las políticas que afecten a esos territorios tienen que ser filtradas por esa mirada, pero al mismo tiempo tienen que ser adaptativas. Es decir, tienen que recoger esas singularidades de la aplicación de la ley en los distintos territorios porque determinados criterios que funcionan en el norte no funcionan en el sur.
Se vio con la pandemia, por ejemplo, con las políticas de distancia social y vida en exteriores, que no tenían sentido en el medio rural.
Eso es. Yo creo que hay algo importante que ha sucedido en estos años, porque del fenómeno de la despoblación estamos hablando desde hace relativamente poco. Hace cinco o seis años que ha entrado en la agenda política. Y había un largo recorrido de mucha gente que estábamos en el mundo asociativo trabajando esta cuestión, porque es verdad que veníamos peleando con esa cuestión de cómo se nos desballestaba más del 70% del territorio, que se nos quedaba vacío. Pero ahora la ruralidad ha ganado el relato, nadie cuestiona que el medio rural es fundamental, nadie se atreve a decir que es un espacio anacrónico. Pero tras ganar el relato ahora hay que ganar la batalla de los hechos, la batalla de las realidades. Eso es lo que tenemos que ir construyendo en ámbitos que son transversales, porque afecta todo, los asuntos sociales, las políticas públicas, la economía, a las que solo podremos dar alcance con políticas de mirada larga, van a tener que sucederse distintos gobiernos, manteniendo estructuras que se ocupen y se preocupen de esto. En este sentido tener una secretaría para el reto demográfico responde a esta sensibilidad, y el hecho de que muchas comunidades tengan comisionados, direcciones generales, secretarías y hayan desarrollado ya políticas en este sentido, significa que estamos en el camino de los hechos.
El teletrabajo y la pandemia han provocado un cierto redescubrimiento del mundo rural incluso como lugar de trabajo. En este desafío pesa mucho el despliegue de la conectividad. ¿Existe ese retorno o ha sido testimonial?
Hay un poco de las dos cosas. En un primer momento, la pandemia ha ayudado a que mucha gente primero no se fuera de los pueblos. En segundo lugar ha habido gente que ha vuelto a estos pueblos porque podía teletrabajar y muchos se han quedado. Es cierto. Pero también es cierto que en este momento, aprovechar esta enorme oportunidad que supone que por primera vez en la historia que el trabajo no esté vinculado a un espacio físico, requiere construir un marco, que se está haciendo con la ley del teletrabajo, pero la ley del trabajo no es suficiente. Todos esos trabajos, cifrados en un 40% que podrían irse al medio rural o a ciudades medias, lógicamente quieren unas determinadas condiciones de vida. Y eso en las ciudades medias pueden encontrarlo, pero si vamos a espacios rurales es más difícil. El otro día estuve en Asturias, en Asiegu, donde había una ingeniera biomédica de Carolina del Norte, casada con un tipo de Londres, y están viviendo allí con una conexión de vida fantástica realizando la vida de sus sueños, porque su pasión es la escalada. Pero es verdad que Asiegu es un pueblo ejemplar, en este sentido, con 70 habitantes y 12 niños, pero demuestra que no todos los pueblos están condenados.
No es una proporción habitual.
No, pero cuando entiendes lo que ha pasado en Asiegu también entiendes que haya esa respuesta. Debemos ir construyendo este nuevo escenario y para eso necesitamos revisar la funcionalidad territorial, porque esa es la gran clave. Los territorios tienen que tener capacidad de dar servicios a sus habitantes, y esa capacidad implica una política pública robusta que esté al servicio de los derechos a esos ciudadanos que no pueden quedar olvidados por cuestión de coste. Hay que ver la inversión y hay que ver las nuevas posibilidades de la digitalización para prestar servicios y esa capacidad de los territorios para ser atractivos para perfiles como estos. Y esto atañe al talento, porque donde regresa o se queda ese talento joven, una parte muy importante de la batalla ya la hemos ganado.
Dice el escritor Dioni López que “da igual cuál sea la pregunta, la respuesta siempre es turismo”. En el medio rural ha sido así mucho tiempo. Pero ahora valoramos otros escenarios, como los valores endógenos y aquella actividad que pueda ser instalada allí, lo que a la vez tiene riesgos, como hemos visto con el debate de las macrogranjas.
En la pregunta hay una parte de la respuesta, al mencionar los valores endógenos. Hay una cuestión que es fundamental y que estamos trabajando en este proyecto de las aldeas del siglo XXI, y que es el concepto de comunidad. Un pueblo no es agrupación de casas, es una manera de vivir diferente y contrapuesta a la ciudad. En la ciudad pesa el individualismo y en el pueblo lo que impera es el sentimiento de comunidad, de hacer cosas juntos, de mejorar el futuro que compartimos en un espacio relativamente pequeño. Desde ese punto de vista, el turismo es una oportunidad y lo ha sido, porque genera empleo y riqueza de forma rápida, pero también sabemos que eso no es suficiente si queremos generar economías diversificadas y resilientes, tenemos que buscar alternativas. Uno de los problemas de las zonas turísticas es que las familias que han tenido negocios hosteleros y de restauración ha podido formar a sus hijos en las universidades lejos gastando mucho dinero pero esos hijos ya no han podido volver porque no había nada que hacer si eras ingeniero, por ejemplo, era muy difícil encontrar encaje. Lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es generar una suerte de inteligencia territorial, utilizando la innovación como palanca y generando los centros de innovación territorial que no quieren ser más que pistas de aterrizaje y generación de ecosistemas en los que ese talento encuentre formas de volver a ese espacio rural y desarrollar su profesión teletrabajando o emprender proyectos que tengan más complejidad que los proyectos turísticos o de agroalimentación. Y en este sentido, la digitalización nos permite ir más allá. Asturias tiene un gran ejemplo en Peón con el CTIC. Es muy incipiente todavía, pero retener inteligencia en los territorios es fundamental. Y la retención solo la podemos hacer si somos capaces de generar una simbiosis entre instituciones locales, empresas que necesitan un medio rural vivo, y al mismo tiempo la participación del Estado para generar esas sinergias con las universidades, actores locales, y políticas públicas y conseguir que los jóvenes vuelvan a sentirse interesados por el medio rural. Ahora en junio pondremos en marcha el proyecto Campus Rural, para que 300 estudiantes para que hagan su estudio final de grado o máster en un espacio rural.
Como un erasmus rural.
Como un erasmus rural a nivel de todo el estado y además de generar conocimiento y aportar ciencia a esas empresas, cooperativas y ayuntamientos, estamos seguros que va a generar ese afecto, este reencuentro entre el joven y el medio rural.
Hablamos de procesos parecidos a los que ha proporcionado la nueva cultura del vino, con la tecnificación de procesos, la incorporación de ingenieros agrónomos a los cultivos, etcétera, que han transformado comarcas enteras, más allá de La Rioja o la Ribera del Duero. En esa transformación ha tenido mucho peso el retorno de conocimiento experto.
Tiene que ver con eso y con la generación de una cultura alrededor del vino. Tenemos un territorio muy diverso, y hay algunos donde el vino ha sido un motor de transformación impresionante, pero hay muchos territorios donde esos motores están por descubrir, sencillamente porque nadie se ha puesto a pensar en sus potencialidades. Por tanto, esta alianza entre lo público y lo privado y estos espacios compartidos son un elemento clave para generar esta inteligencia territorial que debe estar en red y abarcar todos los territorios. Y esto se debe dar de abajo arriba, no vale que alguien llegue con un paracaídas y te monte una fábrica o una industria, porque esos modelos ya sabemos que son extremadamente frágiles. En cambio, se trata de construir de abajo arriba algo que funcione, en la dimensión que sea, que tampoco necesitamos que todos los lugares sean un polo de desarrollo industrial, sino que esos enclaves puedan ir encajando esas piezas que le permitan dibujar un horizonte de futuro donde sus potencialidades, sea la agroalimentación, sea la producción de energía, sea la conservación de un espacio natural para el disfrute de otros (y ahí juega la ganadería extensiva y otra serie de elementos…) cómo hacerlo bien para desarrollar la actividad, general excelencia y convertirse en referente. Es lo que en Europa se llama inteligencia territorial y es lo que esta secretaría intenta desplegar.
Todo eso, con el añadido de que en estos momentos el medio rural teme convertirse en la trastienda urbana, no solo en términos agroalimentarios, y hablábamos antes de las macrogranjas para alimentar ciudades, sino también con la generación de energía o la nueva espada de Damocles de lo rural: las nuevas explotaciones mineras de materiales de los que ahora tenemos una gran dependencia exterior a la UE.
Es lo que hablábamos antes en torno al debate de cómo queremos vivir y de qué manera hacemos que este paso por la vida no implique destruir el entorno, que seamos sostenibles y consecuentes para que los que vengan tengan un espacio que habitar. Esto tiene que ver con las nuevas soberanías, la energética, la alimentaria, tiene que ver con la economía circular, con el empoderamiento de los ciudadanos respecto a estas cuestiones, con la participación, y con un nuevo concepto de la democracia. Todo esto a veces nos obliga a hacer ejercicios como la “retro-progresión”, que dice un amigo asturiano. Las ciudades, hasta que llegó el ferrocarril, tenían las huertas periurbanas y el granero y la despensa alrededor de la ciudad. Los alimentos no podían viajar miles y miles de kilómetros como hemos visto en este periodo de globalización exacerbada en el que parecía que lo próximo, lo que no cruzaba océanos, no tenía valor. Ahora hay unos nuevos valores que nos señalan otra forma de construir esos territorios, esos espacios de habitabilidad en los cuales no solo podemos pensar en la competitividad a ultranza, en la que los territorios eran ganadores o perdedores en función de esa competitividad. Ahora sabemos que en ese modelo, lo rural siempre era un espacio perdedor. Pero es que ahora las ciudades, que es verdad que por la economía de la aglomeración son territorios competitivos, empiezan a tener muchos problemas y externalidades que tienen que ver precisamente con la sostenibilidad pero yo diría que también con la felicidad de su habitantes. Concebir la economía, no como la economía de la aglomeración sino como una economía redistribuida en el territorio, nos va a permitir dar un salto cualitativo desde el punto de vista de descubrir que vamos a tener posibilidades de generar empleo y calidad de vida y ser más sostenibles si las ciudades aplican el concepto del agropolitanismo, es decir si son ciudades agropolitanas que gestionan sus alimentos, que tienen un diálogo con las zonas rurales que les proporcionan la energía renovable y por tanto compensan el esfuerzo que hace la ruralidad manteniendo los servicios ecosistémicos. Este diálogo es muy necesario pero es también muy incipiente, aunque hay quienes ya lo están poniendo en práctica, y es el ejercicio imprescindible para estos próximos años.
Francesc BoyaSecretario general para el Reto Demográfico
La crisis de la globalización, que mencionaba, viene también acompañada de la del modelo ortodoxo neoliberal, al menos en términos de reto demográfico, porque la única forma de revertir los procesos de vaciamiento y de impulsar una nueva cohesión social y territorial es mediante la palanca de las políticas públicas, tanto en cuanto a inversión como en cuanto a planificación.
Es cierto. El medio rural necesita planificarse, necesita tener políticas públicas robustas, no se puede pretender que el mundo rural vuelva a coger pie y a tener un papel en la economía del siglo XXI si no se comparte la idea de que el medio rural necesita políticas públicas. En el medio rural si los servicios públicos son privatizados o los prestan terceros lo que están es condenados a la falta de calidad, como el menor de los males, porque al final los números no salen nunca. A veces los debates son de corto alcance, en términos de “a mí me preocupa mi tren, mi autopista”, cuestiones que tienen que ver con el hormigón y el asfalto.
Muy centradas en las infraestructuras.
Sí, lo de los elefantes blancos. Eso es importante y a veces es contradictorio, pero el hecho de que tengas una medicina pública o no va a ser vital, que tengas un gobierno que apueste por tener una educación pública y que la mantenga a pesar a la ratio de alumnos y haga ese esfuerzo para que nunca sea el maestro el que se marche antes, y esté allí mientras haya niños, eso es muy ideológico. Y creo que este debate y esta convicción no se puede separar de la ideología. Todas las ideologías democráticas son legítimas, pueden dar su diagnóstico y sus soluciones, pero desde mi punto de vista, el mundo rural sin política pública está condenado a la desaparición.
Hablamos de políticas de largo plazo para espacios en los que el hecho de que el proceso de abandono se haya prolongado durante tantas décadas, puede haber provocado que en determinados enclaves el proceso sea irreversible. ¿Cuáles son los ítems, las acciones urgentes para comenzar a frenar y revertir este proceso?
El primer reto era instituir una gobernanza del propio reto. El ejercicio de una política pública multinivel y en un país tan descentralizado como el nuestro creo que lo hemos resuelto razonablemente bien, y en este momento es cierto que la política de reto tiene un amplio consenso en su ejecución. Por otra parte necesitábamos también salir al paso de algunas urgencias históricas de nuestro territorio, pongo por caso la conectividad a 100Mb, que era uno de los problemas graves a los que se enfrentaba el medio rural, por la brecha digital. Esto nos obligó a generar el plan de 130 medidas para el reto demográfico, que son 10.000 millones de euros. En 2021 se movilizó un tercio de la inversión prevista, es decir, más de 3.000 millones, y los presupuestos de 2022 se destinan otros 4.200 millones. Este plan no era otra cosa que aprovechar el mecanismo de los fondos recuperación para garantizar que esos recursos nos ayudaban a resolver cuellos de botella histórico del medio rural y el caso de la conexión digital es uno de los más evidentes. El año que viene el 95% de hogares con 100 Mb y eso supone un cambio brutal desde el punto de vista de las expectativas.
¿Las operadoras lo han entendido o ha sido un problema?
Las operadoras lo han entendido, claro, porque se ha puesto mucho dinero público. El plan Único ha sido un plan histórico, se están invirtiendo 250 millones de euros que no tiene nada que ver con las cantidades anteriores y que de alguna manera ha primado esos concursos que siempre quedaban desiertos, se está desplegando fibra y se está llegando a los territorios. Y luego tras tener capacidad digital y reflotar los servicios, pero necesitamos que Internet nos sirva para algo más que para ver Netflix y tener ocio. Y ese proceso de regeneración del espacio creativo y de las oportunidades económicas tiene mucho que ver con nuestra convocatoria, que está abierta, y que hace una apuesta clarísima por la innovación. Es la gran palanca de cambio del medio rural porque tenemos que repensar mucha de las cosas que estábamos haciendo hasta ahora y que han que ir descubriendo hoja a hoja. Y en este sentido, hemos abierto los procesos de innovación a Ayuntamientos, a las cooperativas… Y de otra forma, con las comunidades autónomas trabajamos en proyectos que puede ser antídoto contra la despoblación. Como las aldeas del siglo XXI en Asturias, en La Rioja con ganadería extensiva, en Canarias generando huertas ecológicas alrededor del parque nacional, en Catalunya con un proyecto de vivienda… Estamos buscando, en muy distintos frentes, buenas prácticas, buenos ejemplos que se puedan replicar. Y estas son las políticas que vamos desplegando, que tienen que ver con la terapia de shock de las 130 medidas y con políticas de más largo alcance que vayan generando este know how para enfrentarnos a un desafío tan enorme como es el reto demográfico.
En políticas de muy largo plazo para revertir procesos seculares, pero además tienen un punto de invisibilidad. Lo cual es paradójico, considerando que la entrada en la UE transformó en los últimos 15 años del siglo pasado el medio rural español mucho más que el medio urbano. ¿Cuáles serían las señales visibles de esta transformación, de que las políticas están funcionando?
Tiene toda la razón y si lo enfocamos desde un punto de vista biológico y nos dejamos llevar por la ansiedad de los ratios demográficos, los resultados no van a ser a corto plazo, es evidentísimo. Pero hay elementos que pueden darnos pistas sobre si las cosas mejoran o no. Y en este sentido la superación de determinados cuellos de botella, el hecho de que empecemos a tener proyectos en el territorio relacionados con la innovación, y que eso tenga resultados prácticos y tangibles, en la movilidad, en la posibilidad de ocupar esos espacios del teletrabajo y de la economía colaborativa, en lo que tiene que ver con una nueva forma de prestar servicios, y una nueva consciencia desde el Estado teniendo presentes esos espacios rurales y mantener ese debate vivo y constructivo en el ámbito de la política del día a día de nuestro país. Son muchos elementos distintos, unos tienen que ver con la tecnología, otros con la agricultura, con la prestación de servicios, otros con la generación de afectos…, y creo que el balance tendrá que ser en estos términos. Hemos empezado a tejer unos mimbres y la trenza empieza a conformarse. Esta es la trenza donde el medio rural podrá ir construyendo escenarios de futuro. Cada pueblo debe pensar cuál debe ser el suyo. Cada comunidad, cada pueblo necesita diseñar como alcanzar ese futuro, por eso insisto en el papel de los liderazgos locales.
Fuente: La Vanguardia. Una entrevista de Pedro Vallín. Fotografía de portada de Dani Duch