Datos como estos constan en el argumentario de los seis gobiernos regionales -tres del PP y otros tres del PSOE- que se han unido para exigir un nuevo modelo de financiación autonómica que «haga justicia» con sus regiones, a las que -insisten- les sale mucho más caro costear los servicios sanitarios, educativos y de asistencia social porque son territorios extensos, con población escasa, dispersa y envejecida.

Este frente común lo sellaron ayer en Zaragoza el presidente aragonés Javier Lambán (PSOE), el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP), el asturiano Javier Fernández (PSOE), el riojano José Ignacio Ceniceros (PP); el castellano-manchego Emiliano García-Page (PSOE); y el castellano y leonés Juan Vicente Herrera (PP). Los seis incidieron en que lo que reclaman es, en sentido estricto, cumplir con un principio esencial recogido en la Constitución: la igualdad de todos los ciudadanos, que todos tienen derecho a acceder a los mismos servicios públicos vivan donde vivan, y que eso ha de sostenerse económicamente con fórmulas de solidaridad interterritorial. Para que eso sea una realidad y no una declaración de buenas intenciones, estos seis presidentes autonómicos insisten en que el Estado debe revisar en profundidad el modelo de financiación autonómica, negociarlo de forma multilateral -sin privilegios bilaterales con autonomías concretas, caso de Cataluña-, y reconociendo el coste real de los servicios públicos, que no es el mismo en todas las regiones -por las diferencias demográficas-.

La exigencia la lanzaron ayer en alta voz desde Zaragoza. Y el destinatario de la reclamación fue el Gobierno central. La de ayer fue, también, una advertencia al presidente Pedro Sánchez ante cualquier tentación de premiar a Cataluña en un futuro modelo de financiación.

Dinero y despoblación

En nombre de los seis presidentes autonómicos reunidos ayer en Zaragoza, Javier Lambán dejó claro que la alianza que han sellado responde precisamente a la necesidad de hacerse fuertes ante la negociación del nuevo modelo de financiación. Por separado -indicó- estas regiones tienen pocos habitantes, y eso las coloca en política desventaja frente a otros territorios que tienen más peso, porque son capaces de influir o incluso de condicionar la gobernabilidad de España. Estos seis presidentes autonómicos recordaron ayer que, pese a sumar solo el 21% de la población española, sus regiones suponen el 52% del territorio nacional y concentran a la mayoría de ayuntamientos del país -para los que también reclamaron mejor financiación-. Por eso, subrayan que la despoblación y el envejecimiento demográfico que azota a estas regiones es fundamental para el conjunto de España, y que no se puede luchar contra ese problema sin una financiación adecuada, tanto desde el Estado como desde la UE. «O hay cohesión o no hay nación», advirtió ayer Gacía-Page.

Artículo de Roberto Pérez, publicado en ABC.