La primera Fiscalía europea vigilará los fondos y la recaudación del IVA

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Bruselas acelera la constitución del organismo y prevé la primera reunión en un mes

Tras varios meses de retraso, Bruselas ha pisado el acelerador este verano para poner en marcha la Fiscalía europea, un organismo sin precedentes en la historia de la Unión Europea. El Consejo de la UE nombró a finales de julio a los 22 miembros que integran el colegio de fiscales, entre ellos, la fiscal española Concepción Sabadell Carnicero, una de las encargadas de la investigación delcaso Gürtel. Y a principios de septiembre, si la pandemia lo permite, se celebrará la primera reunión del colegio bajo presidencia de la fiscal general europea, Laura Kövesi. Por primera vez, la UE dispondrá de un órgano fiscal centralizado para investigar, procesar y llevar a juicio a los presuntos autores de delitos que dañen los intereses financieros del club comunitario. La vigilancia se centrará en la gestión de los fondos europeos, incluido el recién creado fondo de recuperación, y en la recaudación del IVA.

La Fiscalía europea tendrá en el punto de mira el fraude en la gestión de los fondos europeos, que ronda los 500 millones de euros al año, o el fraude transfronterizo en el cobro y liquidación del IVA, cuyas pérdidas se cifran en unos 100.000 millones de euros anuales. Muchos de esos delitos, lamenta Bruselas, quedan ahora impunes, entre otras cosas, porque las autoridades nacionales no pueden acometer investigaciones más allá de sus fronteras y porque los organismos europeos, como la Oficina europea de lucha contra el fraude o Europol, carecen de competencias para llevar a cabo investigaciones penales.

La centralización de esas investigaciones en los casos de mayor envergadura supone un enorme salto en materia de derecho de penal, una de las áreas donde la Unión ha tenido más dificultades para avanzar en la integración. Pero el enorme paso adelante no estará exento de dificultades ni, probablemente, de obstáculos en algunas capitales. De hecho, algunos países no se han sumado al proyecto, entre ellos, Hungría y Polonia, dos de los socios donde se sospecha que hay más casos de corrupción ligados al uso de los fondos europeos.

“La creación de una Fiscalía europea tiene muchas ramificaciones en el ámbito nacional”, avisa María Luisa Sánchez Barrueco, profesora de Derecho europeo en la Universidad de Deusto y una de las autoras de un exhaustivo estudio sobre la Fiscalía encargado por el Parlamento Europeo. Sánchez Barrueco señala que “un porcentaje muy alto del fraude en los fondos europeos es consecuencia de la corrupción política”. Por ese motivo, la profesora prevé tensiones con la Fiscalía europea cuya actuación puede sacudir el mapa político de los Estados miembros.

La Fiscalía se ocupará solo de los casos de mayor cuantía. La normativa reserva para la investigación europea los fraudes superiores a los 10.000 euros en el uso de fondos estructurales o subsidios agrícolas y a los 10 millones en el caso del IVA. La investigación, dirigida desde la sede central en Luxemburgo, se hará sobre el terreno. Para ello, la Fiscalía europea contará con dos fiscales delegados en cada país participante. Una vez completada la instrucción del caso, el juicio se llevará a cabo en los tribunales nacionales que correspondan.

“Su efectividad se medirá con tres parámetros: debe conseguir más acusaciones, más condenas y una mayor recuperación de las cantidades defraudadas”, señala Sánchez Berrueco. Y la profesora advierte que si no se dota a la Fiscalía de los medios y la independencia necesaria, “se corre el riesgo de que todo acabe en una operación de propaganda sin ningún beneficio real en términos de recuperación del dinero defraudado y de protección de los intereses financieros de la UE”.

De momento, la Fiscalía cuenta ya con el aparato central del organismo, que se ha instalado en Luxemburgo, donde espera contar con una plantilla de más de 100 personas. La fiscal rumana Laura Kövesi, con reputación de haber perseguido de manera implacable la corrupción en su país, fue designada como fiscal general a finales de 2019 por un período no renovable de siete años.

Kovesi, que fue fiscal anticorrupción en Rumanía durante cinco años, se fijó como objetivo la confiscación de activos obtenidos fraudulentamente, que llegó a alcanzar los 2.000 millones de euros durante su mandato. La estructura que diseñó multiplicó por 10 el volumen de activos incautados anualmente, según detalló ella misma durante la audiencia ante el Parlamento Europeo previa a su nombramiento.

Colegio de fiscales

La fiscal general contará con un colegio de fiscales, uno por cada país. El pasado 27 de julio se nombró a los 22 miembros del colegio de fiscales, tras la presentación de una terna de candidatos en cada caso. Y fuentes comunitarias indican que la primera reunión de todo el colegio podría celebrarse, de manera presencial o virtual, el próximo 7 de septiembre.

En el caso de España fue elegida Concepción Sabadell Carnicero, procedente de la Fiscalía anticorrupción. Sabadell dirigió la acusación pública en el juicio sobre el caso Gürtel, una trama de corrupción política en torno al Partido Popular cuya condena provocó la moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajoy.

Cada fiscal tendrá un mandato de seis años prorrogable por tres. Para facilitar el futuro relevo escalonado, los primeros fiscales designados por ocho países, elegidos por sorteo, tendrán un mandato no renovable de solo tres años. El azar colocó a España en ese grupo, lo que puede limitar el impacto de Sabadell en el arranque de la nueva Fiscalía.

La selección de los fiscales también ha servido para mostrar uno de los problemas que deberá afrontar el nuevo organismo: la dispar calidad de los sistemas judiciales que conviven en la UE y las dudas sobre el respeto al Estado de derecho en algunos socios. La propia Kovesi, que fue destituida en Rumanía como fiscal anticorrupción entre acusaciones de abuso de poder, llegó al cargo europeo con la oposición de su propio país, que maniobró en Bruselas para intentar evitar su nombramiento.

Entre los fiscales, el caso más significativo ha sido el de Malta, donde el sistema político y judicial entró en crisis tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana, atribuido a una trama con ramificaciones en lo más alto del poder ejecutivo. Malta ha retrasado el proceso de formación del colegio de fiscales porque ni siquiera era capaz de presentar una terna de candidatos aceptables. El comité de selección, finalmente, señaló que “dadas las circunstancias excepcionales en dicho Estado miembro, es objetivamente imposible para el citado Estado encontrar otros candidatos admisibles en un plazo razonable”.

El Consejo de la UE se conformó con la terna planteada por el Gobierno maltés y designó a uno de los candidatos “dado que cualquier otro retraso en el nombramiento europeos tendría importantes consecuencias adversas sobre la efectividad del Derecho de la UE”, según se lee en la Decisión que recoge los nombramientos.

Modelo híbrido

La Fiscalía europea nace así tras superar años de debate y gracias, en parte, al impulso de España y Francia, que apostaron por el modelo híbrido (un fiscal general asistido por un colegio de fiscales) que finalmente se abrió paso. Algunos países se han desenganchado del proyecto, entre ellos, Hungría y Polonia, dos de los socios donde se sospecha que hay más casos de corrupción ligados al uso de los fondos europeos. Otros, como Suecia y Dinamarca, tampoco participan por considerar que se trata de un paso demasiado ambicioso en la integración europea.

El histórico paso se ha logrado gracias a una cooperación reforzada puesta en marcha en 2017 por 16 países, entre ellos, España. Al proyecto se sumaron otros seis socios y finalmente solo han quedado fuera Polonia, Suecia, Hungría, Dinamarca e Irlanda.

La Comisión Europea ya ha propuesto que se amplíe el ámbito de actuación para abarcar a otros delitos que pueden tener carácter transnacional, como suelen ser los de terrorismo. Pero muchos socios de la UE lo ven todavía prematuro. Sánchez Barrueco cree, no obstante, que en el futuro podría asumir delitos como el ecológico o el tráfico de seres humanos. “La creación de la Fiscalía, aunque comience limitada a los daños a la financiación del club, tiene una clara intención de avance en la integración. Y todos sabemos que cuando la UE da un paso hacia adelante, ya no retrocede”, subraya la profesora.

EL PAÍS.

 

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