Los auditores de la UE afirman que, pese a los avances, el objetivo de asimilación de banda ancha ultrarrápida aún está lejos de cumplirse

Los auditores de la UE afirman que, pese a los avances, el objetivo de asimilación de banda ancha ultrarrápida aún está lejos de cumplirse.

Aunque en general la cobertura de banda ancha ha mejorado en toda la UE, no se lograrán todos los objetivos para 2020, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Según los auditores, el objetivo de la UE de garantizar que la mitad de los hogares europeos dispongan de conexiones de banda ancha ultrarrápida para 2020 está lejos de cumplirse. Las zonas rurales, en particular, siguen estando menos conectadas que las ciudades. Prácticamente todos los Estados miembros lograron el objetivo de cobertura de banda ancha básica, pero probablemente no ocurrirá lo mismo con el objetivo de 2020 para la banda ancha rápida (más de 30 megabits por segundo, Mbps) y ultrarrápida (más de 100 Mbps).

Las zonas rurales siguen resultando problemáticas en la mayoría de los Estados miembros: catorce de los veintiocho Estados miembros contaban con una cobertura de banda ancha rápida inferior al 50 % en dichas zonas.

Además, a mediados de 2017, solo el 15 % del total de los hogares se había abonado a la banda ancha ultrarrápida. En palabras de Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «Para que Europa siga siendo competitiva en la economía mundial, y en beneficio de los ciudadanos y los Gobiernos, son fundamentales los buenos niveles de velocidad y acceso a Internet que proporciona la banda ancha. Es importante que la UE se fije unos objetivos ambiciosos y realistas en relación con la banda ancha en el futuro, y que además los cumpla.

El Tribunal formula recomendaciones en tres ámbitos: la planificación estratégica, el marco normativo y el fomento de la competencia.

Los auditores visitaron cinco Estados miembros: Irlanda, Alemania, Hungría, Polonia e Italia, y también celebraron consultas con autoridades nacionales de reglamentación, asociaciones de empresas y telecomunicaciones, asociaciones de consumidores y sindicatos. Estos son algunos de los problemas indicados en el informe:

Las estrategias para la banda ancha son clave. Todos los Estados miembros visitados habían elaborado estas estrategias, pero algunas se finalizaron tarde y los objetivos no siempre eran compatibles con los establecidos por la UE.

La competencia entre proveedores es importante para el desarrollo de la infraestructura de banda ancha, pero no todos los Estados miembros visitados habían establecido un marco jurídico y normativo apropiado. Sin embargo, algunas zonas, especialmente las alejadas de las ciudades, no resultan atractivas para el sector privado, por lo que existe el riesgo de que, sin ayuda pública, estas zonas sigan quedándose atrás en el acceso a la banda ancha.

Las necesidades de financiación para la infraestructura de banda ancha en zonas rurales y suburbanas no siempre se abordaron adecuadamente, y la ayuda del Banco Europeo de Inversiones no se destinó a las zonas más necesitadas.

Según la Comisión Europea, serán necesarios hasta 250.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de banda ancha de la Estrategia Europa 2020 en todos los Estados miembros, mientras que en las zonas rurales probablemente se necesitará la mitad de este importe.

A pesar de estos problemas, los auditores afirman que Hungría, Irlanda e Italia (tres de los cinco Estados miembros visitados) tienen muchas posibilidades de lograr los objetivos de la Comisión para 2025 si sus planes se aplican según lo previsto, incluido el acceso a banda ancha ultrarrápida, actualizable a 1 Gbps en todos los hogares.

Los auditores formulan una serie de recomendaciones:

  • Los Estados miembros deberían elaborar nuevos planes para el período posterior a 2020.
  • La Comisión debería aclarar la aplicación de directrices sobre ayudas estatales, y ayudar a los Estados miembros a promover la competencia en banda ancha.
  • El Banco Europeo de Inversiones debería dirigir las ayudas que concede a proyectos de pequeña y mediana envergadura en los ámbitos en los que el apoyo al sector público es más necesario.

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