Se trata de un montante que puede alcanzar los 10.000 millones de euros para los próximos siete años que en la actualidad sufragan políticas tan importantes como las ayudas a la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, la formación, las ayudas agroambientales o la agricultura ecológica y de montaña.

La ofensiva de Ribera provocó que el pasado jueves, Asaja, Coag y Upa lanzasen de urgencia un comunicado conjunto dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que exigían que las competencias sobre Desarrollo Rural se mantuviesen en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las Opas temían que el traspaso competencial se consumase en el Consejo de Ministros que se celebró el viernes, algo que no ocurrió. Los ojos están ahora puestos en la reunión del próximo martes.

La alerta sobre el vaciamiento competencial había saltado al comprobar que en el BOE el 13 de enero en el Real Decreto 2 /2020 del 12 de enero en el que se reestructuraban los departamentos ministeriales del Gobierno no figurasen en Agricultura, como ocurría en el decreto de junio de 2018, las competencias en Desarrollo Rural.

En su comunicado, las organizaciones agrarias reconocían su “preocupación” ante la posibilidad del traspaso y recordaban a Pedro Sánchez que la política de Desarrollo Rural, segundo pilar de la PAC, “es una parte esencial y primordial de la política agraria y se complementa de forma indisoluble con el resto de medidas e intervenciones que son de aplicación para asegurar el modelo europeo de agricultura, basado en explotaciones familiares y la asunción de importantes compromisos de producción, medioambientales, sociales y territoriales, que constituyen un todo alrededor de la actividad agraria y el medio rural”.

Esta realidad -añadían- se hace aún más patente en las negociaciones actuales sobre el futuro Marco Financiero Plurianual, donde España, junto con otros países de la UE defienden un presupuesto robusto y ambicioso, que garantice una PAC fuerte, potente y a la altura de las nuevas exigencias de la sociedad y los compromisos internacionales adquiridos.

Desgajar la gestión

“Nos preocupa seriamente” el hecho de que los fondos que llegan a España destinados al desarrollo rural, fundamentalmente provenientes de la Unión Europea, pudiesen perder su configuración actual, siendo desgajada su gestión entre diversos ministerios y departamentos, ante las modificaciones en marcha en la estructura del Gobierno, añadían.

Las tres organizaciones coincidían que debe ser el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que siga capitaneado la negociación y la aplicación de la política agraria de España, tanto en el Primer Pilar relativo a pagos directos y medidas de gestión de los mercados agrarios, como en el segundo pilar de la PAC, de Desarrollo Rural. “Ambos pilares son, complementarios e indisociables”.

“Si Desarrollo Rural no va a depender de Agricultura, ¿quién va a representar a España en el Consejo Agrícola?”

El pasado miércoles, el ministro Luis Planas, aseguraba a preguntas de los periodistas que trabajaba sobre “la hipótesis” de que el conjunto del esquema básico del Ministerio “va a continuar igual” y advertía a Ribera de que “la PAC es una e indivisible y el Desarrollo Rural forma parte de la Política Agraria Común”.

Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja, explica a elEconomista que la primera duda que se plantea si Desarrollo Rural no va a depender de Agricultura, es quién va a representar a España en el Consejo Agrícola.

Además, señala, que la Comisión en la nueva propuesta de reforma complementa las medidas de tal manera que dentro del Plan Estratégico es cada Estado Miembro el que decide qué medidas van a un pilar o a otro y con cargo a qué fondo. “Cuando se separa pueden quedar aspectos totalmente desatendidos o duplicidades, lo que puede generar pérdida de fondos. Lo lógico es que lo lleve Agricultura”.

“Muy grave” para el PP

Para la diputada del PP, Milagros Marcos, el problema que se plantearía “es muy grave. La parte de Desarrollo Rural sirve para asegurar que los agricultores puedan cumplir los requerimientos medioambientales que exige la UE para cobrar la PAC. Además, están inversiones en regadíos, ayudas a la incorporación de jóvenes o la formación. Llevándolo Transición Ecológica es difícil que vaya a los agricultores”.

Fuente: El Economista. Foto EFE