El Gobierno flexibiliza los requisitos de la PAC para el hortofrutícola y el vino por la COVID-19

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Se publicarán “de manera urgente” para que se apliquen cuanto antes a los beneficiarios de estas ayudas, superiores a los 250 millones de euros anuales en el caso del sector hortofrutícola y de 210 millones en el caso del vino.

El Gobierno ha aprobado modificar cuatro reales decretos que afectan a los sectores de frutas y hortalizas, y del vino para adaptar la normativa y ayudarles a superar las consecuencias de la covid-19 a través de la flexibilización de requisitos para cobrar ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Estos cambios han sido aprobados en Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se publicarán “de manera urgente” para que se apliquen cuanto antes a los beneficiarios de estas ayudas, superiores a los 250 millones de euros anuales en el caso del sector hortofrutícola y de 210 millones en el caso del vino.

En el régimen de ayudas a través de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, se ha dado luz verde a conceder más “flexibilidad” este año en los controles de reconocimiento a estas entidades y permitirles “diferir” la comunicación de información.
Además, dejará que cada organización de productores pueda “delegar en órganos más dinámicos la toma de decisiones sobre los programas operativos”, y ser así “más ágiles” a la hora de ejecutarlos.

n el sector del vino, del lado del viñedo se pretende “evitar que los agricultores vean mermados sus derechos, tras haberse visto abocados a inevitables retrasos en los procedimientos de autorización y haberse enfrentado a dificultades para realizar las labores del cultivo”.
Para conseguirlo se retrasan al 4 de mayo de 2021 algunos plazos del procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones.

En cuanto al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pavse), se han adoptado medidas referidas a las ayudas a la promoción en terceros países, reestructuración y conversión.
El Ejecutivo ha considerado que “mediante la inclusión de la fuerza mayor se aporta más seguridad jurídica a las entidades gestoras de las diferentes medidas a la hora de resolver expedientes, además de facilitar el acceso a la ayuda a los beneficiarios”.

El texto legislativo aprobado recoge además “modificaciones de tipo técnico para contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de algunos productos, así como adaptar determinadas inversiones de los programas operativos a la evolución del sector hortofrutícola”.

Fuente: EFEAGRO

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