Con la publicación del estudio, realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y FADEMUR, se da cumplimiento a la medida 180 del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (PEVG) en materia de violencia de género. “Este Gobierno y este Ministerio tienen una vocación muy clara por el desarrollo del Pacto de Estado y por diseñar una Estrategia Nacional que refuerce la prevención, atención y reparación ante todas las violencias machistas sin que el territorio sea un impedimento en el acceso a los servicios”, ha recordado Noelia Vera.

El estudio se ha realizado en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja, elegidas por su ruralidad y dispersión como variables más influyentes en la representatividad y utilidad de los datos. Las entrevistas se han realizado en municipios de hasta 20.000 habitantes. En total 167 encuestas a mujeres, 333 encuestas a profesionales de atención y 23 entrevistas en profundidad a mujeres víctimas y usuarias de diversos servicios de atención a víctimas (servicios sociales, policiales, sanitarios y otros de atención a la mujer).

El objetivo del estudio es avanzar en el conocimiento de cómo es la situación de las mujeres en el medio rural respecto a la igualdad y la violencia de género. Para ello, se analiza la percepción de la violencia de género y los servicios de atención de las mujeres, de los colectivos profesionales, y de las propias víctimas de violencia de género del medio rural. “Si no queremos una España vaciada, llenémosla de servicios públicos y de derechos”, ha afirmado Victoria Rosell. La Delegada ha señalado que el estudio “demuestra que las mujeres en el mundo rural han sufrido violencia de género una media de 20 años”. En ese sentido, Teresa López López, ha insistido en el hecho de que la violencia de género en el mundo rural “ha permanecido oculta durante demasiado tiempo” y ha recordado que el PEVG “fue muy importante porqué ha ayudado a visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres en el ámbito rural.”

Resultados

Sobre la percepción de la violencia de género por parte de las mujeres en el medio rural, la perciben habitualmente más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social y estructural. Un 61,35% de las mujeres ha sabido de un caso de violencia de género; un 40% afirma conocer los derechos civiles que tienen las víctimas de violencia de género, siendo el teléfono de información y asesoramiento jurídico 016 el recurso de atención más conocido: un 30,2% en primera respuesta y un 14,55% en segunda respuesta.

En lo que se refiere a las agentes sociales y profesionales, más de un 64 % de estas profesionales ha atendido a mujeres entre 25 y 50 años de edad. En cambio, sólo un 3 % ha atendido a mujeres menores de 15 años, y un 4,7 % a mujeres mayores de 70 años. A pesar de que muy frecuentemente las mujeres a las que atienden tienen hijos o hijas menores, no se proporciona un trato especializado. Las profesionales señalan también ciertas deficiencias como la falta de personal especializado, horarios limitados, falta de acondicionamiento de los centros o accesibilidad.

De las entrevistas realizadas en profundidad a mujeres víctimas de violencia de género, el estudio confirma que no existe un perfil concreto, aunque se observan ciertos factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad comunes. Viven en general en entornos donde son habituales los modelos patriarcales, las creencias sexistas y discriminatorias de género, tanto en las familias de origen de las víctimas, como del agresor. Un 47 % de las mujeres consideran a las familias de sus parejas o ex-parejas “machistas” y más del 80% de las mujeres entrevistadas hablan de la existencia de machismo generalizado en el mundo rural.

La violencia psicológica la sufren el 100% de las mujeres, seguida de la física, un 78,26%, y la económica, un 56,52%. La violencia sexual se ha identificado en un 39,13% de las mujeres víctimas y la ambiental en un 34,78%. Casi todas las mujeres entrevistadas han permanecido en las relaciones de maltrato una media de 20 años. Razones como la dependencia económica, el miedo al qué dirán, el miedo a la reacción del maltratador, el férreo control social y familiar, el desconocimiento de los recursos de protección y atención o la desconfianza hacia la efectividad de los mismos, son algunos de los argumentos que explican la larga permanencia en esta situación de maltrato.

El estudio también pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos especializados en violencia de género, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida, y mejorar la coordinación entre recursos, para evitar su re-victimización, así como mejorar la atención y protección de sus hijos e hijas.

Fuente: Ministerio de Igualdad