AgroNegocios.- Desde el traspaso de las competencias sobre Reto Demográfico del el Ministerio de Política Territorial al de Transición Ecológica con la creación de la correspondiente Secretaría General, no se conoce actividad alguna de este área en su Ministerio. La gestión de la crisis sanitaria del Covid-19, ¿ha frenado cualquier iniciativa oficial en este ámbito? Si no ha sido así y se han llevado a cabo iniciativas, díganos cuáles.

Teresa Ribera.- Es cierto que los cinco meses de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria nos han limitado, pero el reto demográfico ha sido y sigue siendo parte de nuestras prioridades. El pasado mes de febrero constituimos la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. Queremos que la voluntad de construir un pacto de Estado en torno a la recuperación incluya las oportunidades de financiación europea y las sinergias que la transición ecológica ofrece para la lucha contra la despoblación.

Nuestro plan de recuperación y resiliencia debe incorporar al medio rural como punta de lanza en los planes de adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad, restauración ecológica, gestión sostenible del entorno, valoración de espacios protegidos, en comercio, en servicios. Promoveremos la economía en las zonas más afectadas por el declive demográfico, con tres ejes principales.

En primer lugar, la digitalización, con la plena conectividad de Internet y telefonía móvil en todo el territorio. El Consejo de Ministros del 30 de junio ha aprobado la convocatoria de ayudas para el desarrollo del Plan de Extensión de Banda Ancha  de nueva generación (PEBA), que serán clave para facilitar la conectividad digital de las personas y los territorios, y promover el emprendimiento y la diversificación económica en la España rural.

En segundo lugar, la recuperación económica, reactivando de modo efectivo la lucha contra la despoblación a partir de la industrialización, las comunicaciones y los servicios, que completan la actividad en los sectores primarios. Y, en tercer lugar, cómo no, la vivienda y las infraestructuras, viviendas rehabilitadas, viviendas de calidad, y viviendas en alquiler para los entornos rurales.

Reto Demográfico es una competencia ampliamente trasversal, muy ligada a una base territorial concreta y al mundo rural, donde el grave problema de la despoblación de amplias zonas y el envejecimiento de sus habitantes es más acusado. ¿Por qué razón se ha cambiado Reto Demográfico del Ministerio de Política Territorial y AAPP  al de Transición Ecológica?

Este Gobierno ha dado al reto demográfico la máxima prioridad, dándole el rango de vicepresidencia y carácter transversal en toda la acción de Gobierno. Por otra parte el reto demográfico y la transición ecológica son dos desafíos y transformaciones estructurales que requieren un abordaje conjunto.

La transición ecológica ofrece cobeneficios sociales claves para la revitalización del medio rural, la diversificación económica, la creación y fijación de empleo estable en todos los sectores de actividad, nuevas infraestructuras, oportunidades de innovación, construcción de resiliencia y adaptación al cambio climático. La valorización del cuidado del medio genera puestos de trabajo a escala local en ámbitos muy diversos que debemos aprovechar, no solamente en el sector primario. Y podría seguir citando muchísimos más ejemplos.

 Desde su Ministerio, ¿ve acertada la petición de algunos grupos políticos, (incluido el PSOE) de recuperar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el Desarrollo Rural Sostenible del Medio Rural para llevar a cabo las políticas trasversales que están estrechamente vinculadas con Reto Demográfico?

Es una ley extraordinaria que merece recuperar el protagonismo que no se le dio. Sí, y un compromiso de colaborar entre todas las Administraciones Públicas y con la sociedad.

 Una vez más, los planes hidrológicos de cuenca están en revisión. Se estudia incorporar mayores exigencias de caudales ecológicos, la protección medioambiental de los cauces fluviales, la conservación de la cantidad y calidad de las masas de agua subterráneas, así como de otras alternativas de consumo en regadío a favor de la depuración, regeneración y desalación de agua… Todos estos condicionantes,  ¿llevarán a una reducción de la superficie destinada al riego de cultivos agrícolas?

Los condicionantes mencionados son, en realidad, premisas requeridas para el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua, y con los que el Gobierno español está plenamente comprometido. Con ese objetivo central se trabaja en la revisión de los planes hidrológicos, que afrontan además un ciclo decisivo para el horizonte de 2027, en el que el incumplimiento de nuestras obligaciones podría llevar acarreadas importantes sanciones, como ya se producen, por ejemplo, en materia de depuración.

Por otra parte, es necesaria la consolidación de un regadío sostenible, dentro de un marco general de desarrollo coherente con los principios y objetivos ambientales establecidos por nuestra legislación, y en el contexto de la realidad actual y de los escenarios futuros de cambio climático.

Este contexto exige una adecuada coordinación con otros departamentos con competencias en planificación territorial y agricultura, entre otros. La reducción de la superficie destinada al riego no es ninguna premisa ni un objetivo de la planificación hidrológica. Sí lo es la protección de nuestros ríos, acuíferos y zonas protegidas asociadas, mediante las actuaciones más adecuadas en cada caso para reducir las presiones que impiden el logro de los objetivos ambientales.

 ¿Cómo se puede mejorar la gestión y regulación de los caudales de agua superficiales,  a través de infraestructuras rentables y medioambientalmente sostenibles, y evitar los enormes daños de situaciones meteorológicas cada vez más extremas, como la sequía o las inundaciones que causa el cambio climático? 

La adaptación al cambio climático es uno de los grandes desafíos que tenemos. En relación con la gestión de los eventos extremos, sequías e inundaciones, las estrategias de actuación están ya incorporadas a nuestra planificación a través de los planes de sequía y los planes de gestión del riesgo de inundación.

Debemos trabajar de forma coordinada en todas las fases de gestión del riesgo. Por ejemplo, en materia de agricultura y ganadería, estamos trabajando para que el sector agrario se adapte al riesgo de inundación, de forma que los daños que producen las inundaciones sean menores sobre sus instalaciones y bienes. Hay muchas zonas inundables, ríos o ramblas con mucha pendiente, o bien zonas con erosión donde no se puede eliminar el riesgo, sino lo que tenemos que hacer es mejorar su gestión.

La construcción de infraestructuras debe estar coordinada con la planificación hidrológica y ambiental y, con ello, buscar siempre acciones ambiental y socialmente compatibles y consensuadas con todos los sectores implicados.

La revisión del modelo de gestión del trasvase Tajo-Segura, además de una actualización de los caudales ecológicos del Tajo, ¿llevará consigo una reducción de los caudales para los regadíos de la huerta levantina y de la Región de Murcia?

El objetivo originario del Trasvase Tajo-Segura era el de servir de apoyo a los riegos de la zona del Segura y del Júcar. Posteriormente se le asignaron otras utilidades, como la colaboración para los abastecimientos del sureste español y de la zona del Guadiana y como fuente de recursos hídricos para las Tablas de Daimiel en caso de necesidad.

La gestión de este trasvase desde que fue concebido se ha ido adaptando a lo largo de los años a todo tipo de cambios, sin olvidar que su explotación necesariamente debe pasar por la consideración de los recursos disponibles en cada momento. La propia legislación del trasvase prevé que puedan modificarse determinados parámetros de sus reglas de explotación, como ha sucedido también en años pasados.

Se ha constatado una elevada ocurrencia de presentación de situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) en la aplicación de las normas de explotación. Teniendo en cuenta la información hidrológica actualizada, la Comisión Técnica que lo gestiona está analizando la situación existente y las variables que la están condicionando, y si es el caso, se procederá a la adecuación de este marco de gestión para que se desarrolle con la regularidad y previsibilidad necesarios.

Quienes saben de gestión forestal, aseguran que los incendios se apagan durante el invierno, limpiando los montes. Sin embargo, las empresas forestales afirman que los presupuestos destinados a prevención y gestión forestal  no se han recuperado desde 2008. Para usted, ¿qué partida es la más importante: la de limpieza de montes y prevención de incendios o la de equipos para apagarlos durante las campañas de verano?

El fuego, en efecto, se combate durante todo el año. Pero prevenir no es solo limpiar los montes, la prevención se consigue invirtiendo en gestión forestal, en utilizar bien el monte. La continuidad en la gestión de nuestros montes es la mejor garantía para su protección y conservación.

El papel de nuestros pueblos, el papel de custodio de nuestros territorios y los aprovechamientos sostenibles son también instrumentos fundamentales en la prevención.

Un monte gestionado adecuadamente, es un monte cuidado y un monte cuidado es mucho más difícil que arda.

La prevención y extinción de los incendios forestales es una competencia que está en manos de las comunidades autónomas y son ellas las responsables de llevarla a cabo de manera correcta, aunque el Ministerio las apoya con un despliegue de medios aéreos y con las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).

Actualmente, además de la ayuda que prestamos a las labores de extinción de las comunidades autónomas, contamos con las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), que se encargan de reducir y controlar los combustibles forestales y con los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), que realizan labores de formación e información a la población, conciliando intereses de distintos colectivos y aplicando medidas específicas.

Nuestro país, ¿destinará partidas del Fondo para la Transición Justa de la Unión Europea en la creación de empleos y actividades alternativas en el medio rural durante el proceso de transición hacia una economía baja en carbono?

Sí, el Fondo de Transición Justa (FTJ) europeo va a constituir una herramienta fundamental para apoyar nuestro compromiso de que la transición energética y ecológica en España es justa y no deja a nadie atrás, especialmente en el mundo rural, donde se localizan gran parte de los desafíos.

Los convenios en los que estamos trabajando tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas por los cierres de minas, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, comarcas localizadas en el medio rural y caracterizadas en su mayoría por  despoblación, envejecimiento, masculinización y descenso del empleo en el sector primario. Para ello los Convenios buscan hacer aflorar y apoyar mediante líneas de ayudas la ejecución de proyectos generadores de empleo que permitan la fijación de población en estos territorios rurales.

En este sentido, la financiación proveniente del FTJ jugará un papel clave para impulsar y apoyar estos proyectos en las zonas rurales. En estos momentos aún se está terminando de negociar en Europa el mecanismo y el reparto de fondos, y desde el Gobierno se viene trabajando para lograr una mejora de los criterios de reparto propuestos. En cualquier caso, son buenas noticias para España el aumento que se ha producido del FTJ, que va pasar de los 7.500 millones de euros iniciales a 40.000 millones. Esto supone que, ya sólo con los criterios actuales, España recibiría unos 1.800 millones de euros del FTJ.

 Recientemente ha presentado su Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El sector  agrario es uno de los primeros en emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, ¿qué medidas de la futura ley puede afectar a los agricultores y ganaderos? ¿Los productores de alimentos perderán rentabilidad en sus empresas?

El proyecto de ley es el marco institucional que responde a la necesidad de construir un país que combine con éxito las oportunidades actuales, que nos permiten anticiparnos a las nuevas demandas y generar nuevas industrias y cadenas de valor competitivas, y las oportunidades futuras para los jóvenes. Oportunidades que se abren en todos los sectores, incluido el agrario.

Este proyecto de ley no incluye medidas concretas para el sector, sino más bien es marco para la coherencia de estas medidas y el impulso a la reducción de su vulnerabilidad a los impactos de cambio climático que harán, sin duda, del sector agrario de nuestro país un sector más competitivo que responde a las demandas de la sociedad.

El detalle de las medidas de España para cumplir con los objetivos establecidos de clima a 2030 está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Entre las principales medidas identificadas y acordadas junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), destaca el fomento de un menor uso de fertilizantes nitrogenados, el aprovechamiento de restos de poda de cultivos leñosos como biomasa y medidas relacionadas con la mejora de la gestión y tratamiento de purines y estiércoles de ganado porcino y bovino.

Además, se incluyen medidas relacionadas con la capacidad que tiene el sector agrario en captación de CO₂, como el fomento de la agricultura de conservación o la implantación de cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Estas medidas van a ser activadas a través de normativa y, también, a través de la reforma actual de la PAC para el periodo post 2020, que insta a que los Estados Miembros alineen su Plan Estratégico de la PAC con el PNIEC y así se está trabajando desde este Ministerio con el MAPA.

Estas medidas no implican que los agricultores y ganaderos pierdan rentabilidad, al revés, suponen una apuesta por un sector más competitivo y sostenible en un momento en el que la ciudadanía, en nuestro país y en terceros países donde somos exportadores, valora cada vez más que se apueste por esta sostenibilidad.

La agricultura es la única manera de ejercer de sumidero de CO₂ a través de sus cultivos, tanto herbáceos como leñosos. ¿Impulsará dicha Ley la cuantificación y valorización del papel que tienen los sectores agrario y forestal como sumideros de carbono a la hora de ir hacia el objetivo de neutralidad de emisiones de CO₂ en 2050? Si el que contamina paga, el que sirve de sumidero de CO₂, ¿puede ser recompensado?

No es la única, pero sí tiene un papel destacado y ofrece sinergias positivas siempre que se incorporen buenas prácticas.

La Ley recoge claramente la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de captación de CO₂ de los sumideros de carbono, impulsando su identificación, evaluación y seguimiento y fomentado su mejora y cobeneficios asociados.

El mantenimiento y mejora de la biomasa y carbono orgánico del suelo en ecosistemas agrícolas y forestales será una pieza clave para garantizar el objetivo de neutralidad en 2050 y el bienestar de la población en general, y por ese motivo hemos incluido hasta 9 medidas en el PNIEC vinculadas a esta materia.

En cuanto a la recompensa por absorción de carbono, será necesario contar con todas las medidas que permiten incentivar la fijación de carbono, como la puesta en valor de la capacidad de secuestro de carbono en las intervenciones de la Política Agraria Común o los esquemas de compensación de emisiones. El nivel 2 es clave y está ya disponible para recompensar todo ello.

Además, existen instrumentos voluntarios diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo. En particular, destaca la iniciativa de este ministerio ‘Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono’ con la que se posibilita la compensación de la huella de carbono a través de la ejecución de proyectos de absorción en territorio nacional.

 ¿Considera que los sectores agrario y forestal deben (o pueden) realizar más esfuerzos para impulsar la economía circular con su actividad por su generación de residuos, subproductos o uso más eficaz y eficiente de recursos limitados, como el agua y el suelo?

Todos los sectores de la economía deben hacer un esfuerzo por avanzar en economía circular, lo que es aplicable igualmente al sector agrario y forestal, pero muy especialmente al agrario. Este sector ha sido identificado, en la Estrategia Española de Economía Circular, como uno de los seis sectores prioritarios en el que es más necesario avanzar en circularidad en España.

En el ámbito agrario, se necesita una mejora sustancial en lo que se refiere a la gestión de los residuos agrícolas: estiércoles, plásticos, productos fitosanitarios, etc. Pero también es necesario hacer un uso sostenible de recursos como el agua y el suelo. La nueva PAC va en la línea de fomentar ese mejor comportamiento ambiental del sector y debe verse como una oportunidad para que el sector español mejore y llegue a ser más competitivo.

Asimismo, el campo y el sector agroalimentario necesitarán innovar en la búsqueda de soluciones de envasado sostenibles que utilicen materiales respetuosos con el medio ambiente, reutilizables y reciclables, reduciendo el desperdicio de alimentos y mejorando la gestión de los residuos de envases, contribuyendo a la consecución de objetivos de nuestra Estrategia Española de Economía Circular y  de los ODS.