La metodología LEADER es, en sí misma, y desde su nacimiento en 1991, una de las características más diferenciales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea (UE). Empezó siendo una iniciativa comunitaria y su éxito le llevó, muy pronto, a pasar a formar parte de la Política Agraria Común (PAC), dentro de lo que se conoce como segundo pilar, financiado por el FEADER.

Los encajes de algunas actuaciones, iniciativas o intervenciones particulares, como puede ser LEADER, en la estructura de rúbricas y programas en el Marco Financiero Plurianual de la UE, siempre es difícil. En este caso, su característica de política territorial no fue impedimento para situar la metodología en una política sectorial donde las haya, la PAC. Pura contradicción metodológica.

Conviene recordar que LEADER es, en esencia, una forma de trabajar aplicando lo que se denomina enfoque ascendente o “bottom-up”, en el que las decisiones sobre el futuro de un territorio y la gestión de unos determinados fondos se toman a través de grupos de desarrollo rural, en los que participan los actores de territorio donde se asientan. De alguna forma, la administración competente en materia de desarrollo rural cede o delega una parte de sus competencias en estos grupos, que aportan innovación y tienen, además, el objetivo de apostar por la diversificación de la actividad económica en el medio rural.

En estos momentos, después de un recorrido complejo, pero exitoso, LEADER afronta su mayor punto de inflexión desde su nacimiento; en su encaje en el MFP y en las políticas comunitarias.
Dentro de los 2 billones de euros de presupuesto para el MFP 2028-2034, propuesto por la Comisión, se asigna una partida de 865.000 millones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de colaboración nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, las políticas rurales, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.

De los 865.000 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para ayudas a la renta de los agricultores y ganaderos, incluidas todas las que tienen por beneficiarios a estos colectivos, algunas insertas hasta ahora en el primer y otras en el segundo pilar de la PAC. De forma adicional, se asignan, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual. Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros (EEMM), alrededor de un 22% menos que en 2021-2027.

Pero esta nueva PAC que propone la Comisión, no incluye las intervenciones rurales que podemos considerar como “no de estructuras agrarias” -como sí son la incorporación de jóvenes o la modernización de explotaciones, que sí se incluirían en las ayudas a la renta mencionadas-. De manera específica, la propuesta cita el LEADER, las ayudas para el intercambio de conocimientos e innovación, los programas de frutas y leche escolares o la cooperación territorial, dentro de este “paquete rural”, en el reglamento de la PAC, pero, en la práctica, fuera de la misma.

La financiación de estas actuaciones, y otras que tengan impacto en el medio rural, cuenta con un mínimo de 48.700 millones de euros para toda la UE, dentro del Fondo para los planes de colaboración nacionales y regionales. No obstante, y tal y como están las cosas en el momento actual de la negociación, estos fondos podrían utilizarse también para aumentar (“top up”) los recursos destinados para las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas, lo que aumentará la competencia por este trozo del pastel del MFP.

En el caso de España, estas medidas de “objetivo rural” contarían con un mínimo de 4.520 millones de euros para 2028-2034. De ahí tendrá que salir la financiación del LEADER.
Conviene, en esta fase del proceso, hacer, algunas reflexiones.

Una en positivo. La metodología LEADER figura en la propuesta como una intervención obligatoria para los EEMM, que deberán implementarla, al menos, en áreas rurales con desventajas -otras como la ayuda para la mejora tecnológica de las industrias agroalimentarias, por ejemplo, no están en la propuesta y, por lo tanto, no serían obligatorias-, pasa al “objetivo rural”, incrustada en un planteamiento territorial -y no, en una política sectorial, como hasta ahora-, y su integración en los planes de colaboración nacionales y regionales, le permitirá acceder a otros fondos y establecer sinergias -e incluso “exportar” la metodología- con otras políticas con impacto rural.

Y otras en negativo. No existe un mínimo de fondos asignados al LEADER, que tendrá que “competir” a nivel nacional con otras prioridades, incluidas las ayudas a los agricultores y ganaderos, dentro de los 4.520 millones de euros del “objetivo rural”. Además, los fondos comunitarios destinados a LEADER deberán cofinanciarse, al menos con un 30% de contribución nacional sobre el gasto público subvencionable.

Es momento de armar una propuesta ambiciosa, que dé argumentos para que el LEADER siga funcionando, y cuente con los recursos suficientes. La autonomía de los grupos y su capacidad real de decidir en los espacios rurales son esenciales para justificar la metodología y que su inclusión en la nueva programación europea para 2028-2034 sea un éxito.

No dejemos pasar la oportunidad.

Artículo publicado por Francisco Martínez Arroyo en su blog RuralSigloXXI