De los más de 8.000 millones de euros que la Junta de Andalucía tiene concedidos en los programas operativos andaluces de los cuatro fondos estructurales (FEDER, FEADER, FSE y FEMP), la Administración Andaluza tiene certificados 2.500 millones de euros. Esto supone alrededor del 31% de la programación para el periodo 2014-2020.

Evidentemente, la crisis de la COVID-19 tendrá un efecto en la ejecución de nuestros programas operativos. Muchas de las ayudas actualmente en marcha han perdido prioridad con la situación de crisis y tendremos que reorientarlas para cubrir las nuevas necesidades de nuestra región. En este sentido, debemos hacer de la necesidad, virtud, y utilizar nuestros recursos comunitarios lo mejor posible para salir de la crisis a la mayor brevedad.

Conscientes de este nuevo escenario dibujado por la crisis del COVID-19, la Comisión Europea ha reaccionado rápidamente promoviendo varios cambios legislativos que adaptan los fondos estructurales al nuevo contexto socioeconómico de Europa. Estas reformas de los Reglamentos, ya aprobadas por la UE, van encaminadas, por un lado, a adaptar el uso de los fondos estructurales a la nueva coyuntura socioeconómica. Por ejemplo, se hace elegible el gasto sanitario destinado a COVID-19 devengado desde el 1 de febrero de 2020, tanto para personal, como para infraestructuras, suministros y bienes fungibles.

También incluye cambios destinados a agilizar la ejecución de los fondos y a reducir el impacto económico más inmediato de la crisis. Ejemplo de ello es el aumento de la tasa de cofinanciación europea al 100% para todas las inversiones y líneas de ayuda vinculadas a la crisis sanitaria que se certifiquen en FEDER y FSE durante el próximo año contable europeo, es decir, entre el 1 de julio de 2020 y el 1 de julio de 2021. Asimismo, introduce nuevas medidas de apoyo a las pymes y autónomos, como la de financiar capital circulante tanto a través de subvenciones como de instrumentos financieros bonificados.

Más que suficientes, creemos que estas medidas son satisfactorias como un primer paquete de choque. Nos consta que desde la Comisión se está trabajando en nuevos cambios normativos. Todavía hay margen de mejora, ya que las modificaciones aprobadas afectan sobre todo a FEDER y FSE y no tanto a FEADER y FEMP. Por ejemplo, el gasto sanitario COVID no es imputable a estos dos últimos fondos. Sin embargo, creemos que sería muy interesante permitir su uso en la mejora de equipamiento y suministro de material sanitario de zonas rurales y pesqueras. El aumento de tasa de cofinanciación al 100% para el año contable 2020-2021 tampoco se aplica a estos dos programas y en Andalucía sería especialmente relevante.

En cualquier caso, queremos destacar y agradecer la inmediatez con la que la Comisión Europea ha reaccionado. La primera propuesta de modificación de los reglamentos de los fondos fue publicada el 13 de marzo, 24 horas antes de la declaración del estado de alarma en España. A esta modificación legislativa le siguió una segunda, publicada el 2 de abril. Ambas han sido aprobadas en apenas quince días desde sus respectivas publicaciones, la última el 17 de abril por parte del Parlamento Europeo. Esta es una prueba más de que el proyecto Europeo está más vivo que nunca.

Desde la Junta de Andalucía seguimos atentamente los debates e iniciativas que se están llevando a cabo en Bruselas para luchar contra la crisis provocada por el COVID-19. Desde que conocimos la primera propuesta legislativa de la Comisión, publicada el 13 de marzo, hemos estado preparándonos para, una vez aprobadas las modificaciones, iniciar el proceso de reprogramación lo antes posible e incorporar estos cambios en nuestros programas operativos. El Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde a este proceso de reprogramación pocos días después, el 22 de abril, en su primera reunión tras el visto bueno del Parlamento Europeo a la reforma normativa de la Comisión. En esta situación de emergencia la rapidez en la toma de decisiones es fundamental.

Estamos trabajando en dos líneas principales. Por un lado, las de las ayudas en curso. Estamos analizando en profundidad todas las ayudas que ya están en marcha en los cuatro fondos pero que aún no están concedidas. Evidentemente algunas líneas han perdido su carácter prioritario, ya sea porque las necesidades del sector han cambiado, o simplemente porque ya no resultan económicamente atractivas debido a la crisis económica.

Por otro lado, tenemos que decidir qué hacemos con los fondos que actualmente aún no tienen un destino fijado y cómo los orientamos a reactivar nuestra región de la mejor manera posible. Compartimos plenamente las prioridades de la Unión Europea: apoyo total a las pymes y autónomos, digitalización, crecimiento verde, acción por el clima y refuerzo del sistema sanitario y servicios sociales. Esto requerirá un segundo trabajo de análisis que ya han iniciado distintas consejerías en función de sus competencias y que está coordinando la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Será esencial. La recuperación económica pasará indudablemente por un enorme esfuerzo de gasto público. Para ello es indispensable el apoyo que la UE dé a los Estados y regiones.

Hay que tener en cuenta el papel fundamental de la política regional en la articulación de los mecanismos de ayuda. Todas las regiones de Europa tienen experiencia en ejecutar la política de cohesión y cuentan con estructuras sólidas de gestión ya asentadas sobre el terreno y capaces de llegar a todos los sectores. Estamos listos para implementar los recursos de una forma eficaz y dar una respuesta rápida a la crisis.

Todavía es pronto para pronunciarse, pero la progresión que llevaban hasta ahora las negociaciones no indicaba que fuera a estar aprobado antes del mes de noviembre. Lo más probable es que su aprobación no llegue hasta la presidencia alemana del Consejo de la UE, durante el segundo semestre del año. Al visto bueno del Marco Financiero Común le seguirá la aprobación de los reglamentos de los fondos y, después, la de los diferentes programas operativos.

En cualquier caso, y dejando al margen la tremenda tragedia humana que ha supuesto esta pandemia global, considero que esta crisis puede servir de revulsivo para acelerar las negociaciones y para que la UE, que al fin y al cabo no es más que la suma de sus 27 Estados miembros, apueste definitivamente por una Política de Cohesión de reconstrucción, ambiciosa en el fondo y en la forma, con un presupuesto aumentado y, por encima de todo, orientada a asegurar un futuro común equitativo para todos los Europeos.