La pandemia está cambiando muchas cosas, en lo privado y en lo público, y cada cual, en nuestro entorno, de acuerdo con nuestro papel en la sociedad, asimilamos estos cambios como buenamente podemos, siendo cada vez más conscientes de que las consecuencias de la crisis están yendo mucho más allá de los límites del propio problema sanitario.

En nuestro caso, los agricultores y ganaderos profesionales que conformamos la agricultura familiar, estamos viviendo esta situación desde nuestra propia singularidad.

En primer lugar, no debemos olvidar que nosotros no paramos, las medidas excepcionales por la pandemia no se aplicaron en nuestro sector, porque somos esenciales, estamos en el origen de la cadena alimentaria y nuestra responsabilidad es producir alimentos para la sociedad, también en situaciones extraordinarias

Esta evidencia se ha hecho más visible para buena parte de la sociedad desde marzo de 2020, como si de repente se hubiese descubierto la existencia de más de un millón de hombres y mujeres trabajando en el campo, cuidando el ganado, garantizando la biodiversidad y sostenibilidad de los recursos naturales, rentabilizando cada gota de agua en regadíos eficientes, apostando por cultivos y producciones cada vez más ecológicos.

En definitiva, como no nos cansamos de repetir en UPA desde siempre, generando vida, trabajo, progreso, riqueza y futuro en las zonas rurales de toda España, como agentes activos, sostenibles por naturaleza, en la lucha contra el despoblamiento y la prevención del cambio climático, entre otras muchas cosas.

Haciendo balance del tiempo transcurrido desde que comenzó la pandemia, parece que la sociedad mayoritariamente urbana, con su reflejo en las corrientes de opinión que generan los grandes medios y las redes sociales, está cambiando su visión de la realidad de la agricultura, la ganadería y el mundo rural.

Un cambio positivo, sin duda, pero que no está exento de tópicos y riesgos. Por un lado, cuando se nos ve con cierta condescendencia, como si por vivir y trabajar en un pueblo fuésemos ciudadanos de segunda. Por otra parte, cuando en algunos ámbitos se nos considera enemigos de aquello que protegemos, acusándonos desde el desconocimiento de malas prácticas que no lo son o pretendiendo arrinconar a la ganadería con falsas acusaciones de todo tipo.

Y lo que es peor, no reconociendo el valor de nuestros productos en los mercados, dando por bueno el maltrato que sufrimos por parte de la industria y la gran distribución, ante una obsesión enfermiza e incompresible por trasladar hacia el origen de la cadena la presión competitiva de sus negocios, con ejemplos tan paradigmáticos como la leche, la carne de pollo, el aceite de oliva o las frutas de temporada, por citar algunos.

La angustia provocada por esta situación provocó, justo antes de la pandemia, el estallido de los “Agricultores y ganaderos al límite”, en la mayor movilización histórica de nuestro sector, que consiguió una rápida reacción política, que agradecemos, para legislar en favor de la razón y el sentido común, porque cualquiera puede comprender que no es posible vender por debajo de lo que cuesta producir o realizar operaciones comerciales sin contrato ni garantía de precio y plazo de cobro.

Algo tan sencillo como esto, en pura lógica de mercado, ha necesitado una presión sindical sin precedentes, un Gobierno dispuesto a abordar el problema, con un amplio consenso parlamentario, y unos cambios legales que todavía no están completados.

Para, después de todo este esfuerzo, no tener plenas garantías de que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria se vaya a aplicar como es debido en la práctica, en todos los sectores y con plena eficacia.

Por ello, resulta paradójico que UPA se esté convirtiendo de hecho en la mayor defensora de la nueva legislación sobre la cadena alimentaria, con más entusiasmo incluso que el propio Gobierno.

Entre el campo y la mesa, la nueva PAC

La misma sensación de cambios de tendencia favorecidos por el impacto global de la pandemia se da también, de una u otra forma, en el entorno político europeo. Y de nuevo la agricultura y la ganadería profesional, formada por el colectivo mayoritario de las explotaciones familiares, vuelve estar en el centro del debate.

Así ocurre, por ejemplo, con la Estrategia “De la granja a la mesa” y, sobre todo, con el cierre final de las negociaciones para la nueva Política Agraria Común (PAC), que se aplicará a partir de 2023.

En ambos casos, con acciones y estrategias transversales, la cuestión vuelve a ser la evolución del modelo de gestión de los recursos naturales que utilizamos para producir alimentos, en un escenario a futuro cada vez más comprometido con la sostenibilidad en su sentido más amplio.

Un criterio básico que después se traduce en políticas concretas y gestión presupuestaria, para canalizar apoyos hacia el colectivo agrícola y ganadero que sustenta la soberanía alimentaria de la Unión Europea a través de la PAC.

La cuadratura del círculo nunca es un objetivo fácil. Pero con criterio y buena voluntad resulta más sencillo trazar las líneas hasta conseguir una buena solución. En nuestro caso, desde la representación de la agricultura familiar, con esta visión valoramos el camino que marca la Estrategia “De la granja a la mesa”.

Hay cosas que no nos gustan o nos gustan menos, pero somos conscientes de que no podemos –ni queremos– ir en contra de la lógica de los tiempos.

Nos adaptaremos, como hacemos siempre, y volveremos a exigir, una vez más, que el sobresfuerzo –traducido en sobrecoste– se vea recompensado en los mercados, tanto en precios como en evitar la competencia desleal de productos procedentes de países con reglas del juego diferentes.

Eso sí, teniendo claro que la agricultura y la ganadería familiar son parte de la solución y debemos estar muy presentes en esta nueva estrategia, proponiendo y no sólo acatando, para evitar que el objetivo a alcanzar destroce las herramientas para conseguirlo.

Y en el caso de la nueva PAC, tras los últimos acuerdos alcanzados en junio entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los ministros de Agricultura, parece estar despejado el camino para que cada país marque sus respectivas estrategias nacionales, en nuestro caso necesariamente consensuadas con las 17 comunidades autónomas.

Lo acordado a nivel europeo, aunque con reservas, tiene elementos positivos. La ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores y el apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años son medidas reclamadas desde hace años.

En relación con la nueva figura de los ecoesquemas, tal y como están planteados, deberían servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares, frente a modelos superintensivos y de gran dimensión.

También se contempla que la PAC refuerce las medidas de gestión de mercados, una demanda histórica de UPA, que recoge el guante del sector al afrontar el mayor problema de los productores: la falta de precios justos provocada por el desequilibrio de la cadena alimentaria. Aunque habrá que ver hasta dónde puede influir la PAC en este tema.

Asimismo, entre las expectativas de futuro de la nueva PAC destaca la incorporación, por primera vez, de criterios de género, para lograr de una vez por todas que las mujeres tengan la posición y el reconocimiento que merecen en la agricultura y la ganadería.

Todo ello, a la espera de que la estrategia nacional y su aplicación práctica a partir de 2023 no se conviertan, de nuevo, en una pelea político-territorial entre las comunidades autónomas por conseguir más dinero en el reparto de la PAC, anteponiendo el saldo a los criterios.

El futuro es de los jóvenes

Por último, en el tiempo presente de 2021 hay un frente más del máximo interés para la agricultura y la ganadería familiar: la España de 2050. Ese es al año que ha fijado el Gobierno como horizonte para marcar un proyecto de país, renacido tras la pandemia, impulsado por los fondos europeos para la reconstrucción y orientados hacia un nuevo modelo de crecimiento económico; en definitiva, hacia un proyecto de futuro progresista, sostenible, social y solidario que, lógicamente, compartimos en su visión global.

Y ahí queremos estar de nuevo en el eje del debate. El año 2050 puede parecer lejano, pero hablando de futuro son dos ratos. Y en nuestro caso, estamos hablando del modelo de agricultura, ganadería, cadena alimentaria y sociedad rural que vamos a construir para nuestros hijos y nietos los que todavía estamos en activo trabajando en el campo.

Si tan preocupada está la sociedad como se dice por el despoblamiento, la sostenibilidad, el cambio climático, la alimentación saludable, la reducción de emisiones y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, las soluciones para 2050 hay que sembrarlas ahora.

Y todas pasan por el mismo camino: ser capaces durante las próximas décadas de generar atracción –y no rechazo– de las nuevas generaciones de jóvenes rurales –o los urbanos que aspiren a serlo– para que construyan sus proyectos de vida en los pueblos, vinculados a la agricultura y la ganadería, con nuevos emprendimientos que tengan el reconocimiento de la sociedad en todos los sentidos. Ese es el reto.

A fin de cuentas, el futuro es suyo, pero nuestra es la responsabilidad de no segarles la hierba entre los pies del presente.

Fuente: Artículo de opinión de UPA